Cuatro exigencias para cerrar la etapa de Mazón

La dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, sustanciada en dos tiempos no consecutivos, primero mediante una polémica declaración institucional en el patio del edificio gótico que alberga la sede del autogobierno, en torno a las 9 de la mañana, que no fue seguida por la lógica renuncia al cargo formal y por escrito hasta las 14.51 de la tarde, ha dejado tras de sí un mar de interrogantes que no deberían producirse en una gestión política acorde con el interés ciudadano: Mazón ha renunciado a su cargo de presidente, pero sin embargo tiene previsto por ahora al menos presidir otra reunión del pleno del Consell. Es de esperar que esa anomalía se corrija con el paso de las horas. Pero el hecho da muestras de la confusión en que se mueve el PP y con él toda la política valenciana. Se supone que los populares van a promover la investidura de un nuevo presidente, pero aunque todo el mundo da por hecho que será el actual secretario general del partido y síndico de las Corts, Juan Francisco Pérez Llorca, lo cierto es que ni el PP ha pronunciado oficialmente su nombre a la hora de redactar estas líneas ni tampoco ha comunicado la existencia de negociaciones formales con Vox, cuyo voto es necesario para que esa investidura se produzca. Por no saber, ni siquiera se sabe por los cauces reglados si las riendas del Consell las tomará temporalmente la vicepresidenta Susana Camarero, si el presidente dimitido renunciará también a su acta de diputado o mantendrá el escaño (lo que le permitiría conservar el aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia) ni, lo que resulta muy relevante para los movimientos futuros que puedan producirse, si Mazón continuará al frente del PP como presidente regional de la organización o también renunciará a ese puesto.

El PP ha tenido doce meses, desde que la catástrofe se cernió sobre Valencia truncando la vida de 229 personas, para preparar este momento. Y sin embargo, todo está siendo de una improvisación alarmante. Y eso, la improvisación, es lo que menos se pueden permitir los valencianos, en medio del duelo y la reconstrucción. En las últimas horas se ha hablado sin parar de futuros políticos y de ecuaciones de poder, cuando lo único que debería importar son los intereses de los ciudadanos, no los de Mazón, Feijóo, Sánchez o Abascal.

Tras despedirse en medio de descarnados ataques al Gobierno central, la salida de Mazón de la presidencia debería abrir un nuevo tiempo político en la Comunitat Valenciana. Un nuevo tiempo marcado por cuatro ejes: estabilidad, freno a la polarización, recuperación de la dignidad de la institución y reestablecimiento del crédito de su presidencia.

Es necesaria una desescalada y un Gobierno estable, no sujeto a continuos sobresaltos y sofocos, ni ferozmente enfrentado al resto de administraciones. Los ciudadanos tienen derecho a exigir tener un jefe del Consell que pueda visitar la zona cero y que trabaje para rebajar la crispación instalada entre el Gobierno central y el autonómico en bien de los valencianos. Un presidente que tenga un proyecto de futuro definido y la única misión de sacarlo adelante buscando para ello todas las complicidades posibles.

No es momento por eso de interinidades. Si el PP logra investir un nuevo presidente porque reúne para ello los votos suficientes en las Corts, que es donde legítimamente reside la voluntad popular representada por sus diputados, no puede empezar por considerarlo (y fomentar el que así se le considere) “un interino”. Se es presidente de la Generalitat, con toda la responsabilidad que ello conlleva y que desgraciadamente no se ha sabido comprender en los últimos tiempos, o no se es. No hay medias tintas: hasta que los valencianos puedan volver a pronunciarse en las urnas, quien resulte ahora investido debe trabajar desde el primer momento por recuperar la normalidad en la calle y en las instituciones, con toda la legitimidad que el ordenamiento democrático que nos hemos dado le otorga, sin ninguna hipoteca del pasado que le atenace y sin ninguna inquietud por el futuro que no sea la de no ser capaz de cumplir con su deber.

Pero para llegar a ello, el PP, que es el partido emplazado a presentar un nuevo candidato puesto que fue el más votado en las últimas elecciones, no debe tampoco ceder a chantajes ni a imposiciones con tal de conservar un gobierno que, de esta forma, tampoco sería visto como el de la mayoría ni mucho menos la solución a la grave crisis por la que la Comunitat Valenciana atraviesa. El partido que lidera a escala nacional Alberto Núñez Feijóo tiene una gran  responsabilidad: darle un gobierno firme y sereno a la cuarta autonomía de España tras un año de quiebra. Pero esa responsabilidad también implica no pactar a cualquier precio solo para sostenerse en el poder. Y, de no ser posible, tener la valentía de darle la última palabra a los ciudadanos para que estos decidan en las urnas cuál es el mejor camino. Porque la estabilidad y la desescalada son necesarias para superar la crisis política, económica y social en la que la Comunitat Valenciana está sumida. Pero ambas no serán posibles sin recuperar también la dignidad y el prestigio de su gobierno.