Las decisiones del alcalde de Morella perpetúan el problema de la vivienda

Morella sufre un proceso crónico de despoblación y envejecimiento, como reflejan los datos del INE: desde 1960, su censo se ha reducido en torno a un 40%, mientras la población provincial casi se duplicaba. El municipio presenta un crecimiento vegetativo persistentemente negativo (las defunciones exceden a los nacimientos) y una proporción de mayores de 65 años cinco puntos superior a la media provincial y nacional, pese a la notable llegada de residentes extranjeros en las tres últimas décadas. Hace 20 años, ante este escenario preocupante -hoy agravado con una caída adicional del 10% desde entonces- y una ya identificada carencia de vivienda, impulsamos una iniciativa de colaboración público-privada para una actuación urbanística en la zona exterior de Santa Llúcia.

Esta propuesta, ajustada a la normativa vigente en ese momento, prosperó hasta alcanzar la fase de exposición pública y alegaciones. Sin embargo, los cambios legislativos derivados de la crisis de 2008 obligaron al proyecto a volver al punto de partida. Una de esas novedades, exigida por el organismo autonómico a tal efecto, fue la necesidad de una modificación en el plan urbanístico. De ahí que el Ayuntamiento de Morella, único competente para llevarlo a cabo, adjudicó en 2021 a un estudio de arquitectura y urbanismo la redacción de la “Modificación Puntual del PGOU del ámbito Santa Llúcia”, con un presupuesto de 96.000 €. Con esa finalidad, el gabinete adjudicatario ha estado trabajando en la evaluación del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (EATE), instrumento de prevención establecido en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio, para la integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos de ordenación territorial o urbanismo, como el PGOU, a fin de asegurar la sostenibilidad a largo plazo.

Para ello, se efectuó un análisis previo sobre cinco emplazamientos alternativos susceptibles de ser urbanizados, seleccionando nuevamente la opción de Santa Llúcia debido a factores determinantes como su proximidad al centro histórico, la ausencia de afección a la imagen de la ciudad y una menor pendiente del terreno. Con el tiempo, la necesidad de una ampliación urbana se ha vuelto crítica. La demanda de vivienda supera sustancialmente la oferta disponible en un contexto marcado por la escasez de suelo residencial dentro del núcleo urbano.

Esta situación ha provocado un incremento sostenido de los precios y una creciente dificultad de acceso a este tipo de inmuebles, especialmente dañina entre la población joven, pero también para las empresas, ya que constituye un obstáculo para atraer mano de obra y retener talento, afectando incluso a los profesionales de servicios esenciales (docentes, sanitarios y otros servidores públicos). Asimismo, esta inercia resulta poco alentadora para la llegada de nuevas inversiones, lo que limita la prosperidad económica y el bienestar social del municipio.

Los dos mecanismos descritos —principalmente el de carácter público, por ser el vigente— tenían como objetivo promover una expansión urbana equilibrada y controlada que contribuyera a revertir tal tendencia mediante el posible aumento del parque inmobiliario de primera y segunda residencia. Esta última, con un gran atractivo para morellanos no residentes y otros vinculados a nuestra tierra, carece actualmente de un mercado al que acudir. En definitiva, se procuraba favorecer un entorno local propicio para el desarrollo de proyectos vitales (personales, familiares y laborales), dinamizando simultáneamente la actividad de los negocios ya asentados.

Por añadidura, contar con una reserva adicional de suelo urbanizable es decisivo para mantenerse alineado con el rumbo del progreso. Sin esa disponibilidad, se esfumarían tanto las potenciales inversiones como las súbitas oportunidades surgidas de los cambios sociales acelerados por las nuevas tecnologías (teletrabajo, globalización, creciente movilidad y otros por venir). Igualmente, esta provisión de terreno facilitaría el aprovechamiento de recursos ocasionales procedentes de políticas públicas de incentivo contra la despoblación, así como la asignación de suelo dotacional a nuevas infraestructuras, como podría ser un nuevo centro de servicios para personas mayores, en la actualidad sin espacio físico para implantarlo.

El mencionado trabajo de modificación del planeamiento del PGOU en el área de Santa Llúcia, encargado por el Ayuntamiento de Morella a los especialistas en urbanismo, avanzó significativamente, alcanzando un hito crucial: el informe favorable de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, emitido en el marco del proceso de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica.

Dicho respaldo para esta extensión urbana se obtuvo al cumplir sus estrictas exigencias, logrando su aprobación al considerar que:

• Preserva la imagen de la ciudad.

• Ofrece una integración sostenible con el entorno paisajístico.

• Adopta medidas adecuadas para la conservación y protección del patrimonio arquitectónico, destacando la puesta en valor del acueducto.

Ante la innegable utilidad de esta actuación en Santa Llúcia, nunca cuestionada por las sucesivas administraciones autonómicas —de distinto signo— al prevalecer el interés general por encima de colores políticos, batallas partidistas y ciclos electorales, resulta inaudita la afrenta al bien común con la que se ha despachado nuestro alcalde, Bernabé Sangüesa. Con total falta de transparencia, a principios de octubre permitió la prescripción administrativa de este expediente al negarse a solicitar su prórroga, y, en consecuencia, frustró cualquier expectativa de futuro. Echó por tierra los avances logrados tras años de trabajo.

Esta maniobra remata la desidia mostrada desde su incorporación al cargo y la irresponsabilidad de quien debiera encabezar la búsqueda de soluciones ante el reto demográfico, transmitiendo la sensación de haberse desentendido y de carecer de disposición para implicarse, como si se tratara de algo ajeno a sus atribuciones. Esta arbitraria decisión, cierra las puertas a una solución cabal y duradera del problema de la vivienda, pues la alternativa con el ciclo de gestión urbanística más reducido, la del Hostal Nou (una de las descartadas inicialmente por su lejanía y tener áreas inundables) se enfrentaría a un obstáculo difícil de salvar: las exigencias de la Dirección General de Carreteras en cuanto a los accesos, que requerirían el desdoblamiento o desvío de la nacional que la atraviesa. Un hecho sobre el que nuestro máximo representante en la Entidad Local fue advertido, si bien no le importó seguir adelante sin, al parecer, ser capaz de calibrar sus repercusiones.

Iniciar un procedimiento de planeamiento y desarrollo urbanístico requiere un esfuerzo ingente y un horizonte temporal amplio, labor y tiempo desperdiciados por la actual corporación municipal, sin haber realizado, cabe intuir, una mínima y serena reflexión. Cuando Bernabé Sangüesa finalmente se pronunció, forzado por la oposición, optó por ironizar e insinuar irregularidades en la metodología utilizada para elegir entre los cinco emplazamientos evaluados, un proceso en el que intervinieron técnicos de distintos ámbitos, incluidos funcionarios de la Generalitat Valenciana. Él sabrá a qué se expone.

El alcalde justificó su decisión aludiendo a razones presupuestarias y a argumentos preconcebidos que delatan su total desconocimiento de la naturaleza y contenido del expediente finiquitado por él. Esta intervención se enmarca dentro de la jurisdicción del planeamiento urbanístico y, por consiguiente, está exclusivamente reservada a la administración pública, sin concurrencia de promotores privados ni documentos que avalen hipotéticas viviendas a promover, en contraste con lo manifestado por el edil. Esa desinformación se evidencia claramente en el caso de la rehabilitación del acueducto, en el que parece erigirse en el último bastión de su defensa, al afirmar su preferencia por destinar a esta obra el dinero ahorrado en los honorarios profesionales del redactor de este cambio en el PGOU.

Sin embargo, al margen de la lógica exclusión de los terrenos afectos a la delimitación de Bien de Interés Cultural (BIC), en el mencionado EATE se priorizaba la puesta en valor del acueducto y su entorno mediante un Plan Especial de Protección, hasta el punto de concebirlo como el “cordón umbilical” que uniría el centro histórico con esta ampliación del suelo urbano. Y, llegado el momento, con la potestad municipal de repercutirle el coste de la rehabilitación al urbanizador, es decir, con coste cero para el Ayuntamiento, descalificándose de este modo su diatriba.

Negarse a desembolsar 60.000 € —y dilapidar alrededor de 40.000 € ya pagados—, a repartir además durante los años que restaban de tramitación, denota miopía política y falta de perspectiva. Es una decisión anclada en el corto plazo que ignora, además de los beneficios sociales, los económicos de esta inversión, capaz de generar un retorno sustancial para unas arcas consistoriales frágiles y urgidas de nuevas fuentes de financiación, en este supuesto con ingresos recurrentes por impuestos asociados a la eventual culminación en una nueva zona urbana (ICIO, IBI y otros).

Ese es el precio que marca la diferencia entre subirse al tren de la prosperidad o resignarse a la agónica decrepitud a la que estamos abocados, profundizando en sus efectos nocivos sobre la emancipación juvenil, el relevo generacional, la creación de nuevos hogares, las expectativas de una segunda vivienda para gente con arraigo y el dinamismo socioeconómico local. Salvo, claro está, que se perciban estos desequilibrios como propios de una sociedad bucólica, donde la iniciativa privada resulte molesta y la juventud sólo aspire a depender de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento para seguir viviendo en el pueblo.

La manera de proceder prefigura un liderazgo político desorientado, sin altura de miras y carente de visión estratégica respecto de nuestro porvenir comunitario. Y a nivel humano, refleja un talante sin atisbo alguno de empatía hacia las partes involucradas tras estos largos años de dedicación, rematando con el trato dispensado al adjudicatario de un contrato público, a quien ni siquiera se ha tenido la deferencia de comunicar la decisión unilateral de incumplir los compromisos allí recogidos.