Opinión | LA COLUMNA
Agotar la legislatura ¿a qué precio?
Pedro Sánchez ha decidido llegar hasta el final. Agotar la legislatura es su objetivo declarado. Desde un punto de vista institucional, es una opción legítima. Pero la política no se analiza solo desde el calendario, sino desde el contexto, y el actual dista mucho de ser normal.
Las últimas elecciones generales se celebraron en julio de 2023, en pleno verano. Aquella decisión ya fue duramente criticada. Si el presidente mantiene su hoja de ruta y no hay adelanto electoral, la fecha límite para las próximas sería el domingo 22 de agosto de 2027. Pero el debate no es solo la fecha. El verdadero problema es el momento de extrema debilidad que atraviesan el Gobierno y el PSOE. Los casos judiciales por presunta corrupción y las denuncias internas por acoso sexual han provocado un desgaste constante. Cada día aparece un nuevo titular, una nueva polémica, una nueva explicación pendiente. Nadie puede prever hasta dónde pueden llegar los procedimientos abiertos ni qué consecuencias políticas tendrán.
En este contexto, insistir en seguir se percibe como una huida hacia delante. Una estrategia que no solo afecta a quienes toman las decisiones desde Madrid, sino también (y sobre todo) a quienes sostienen el partido en las provincias. Son los alcaldes, alcaldesas y cargos locales quienes dan la cara ante los vecinos. Dirigentes como Tania Baños, Samuel Falomir, Rafa Simó o José Benlloch representan a muchos otros responsables municipales que defienden las siglas a diario mientras desde la dirección nacional se acumulan los escándalos y los titulares negativos. De puertas hacia fuera reina el silencio, pero en petit comité el malestar es evidente.
Nadie quiere llegar a 2027, con elecciones municipales y autonómicas, arrastrando un clima de polémica y descrédito. Agotar la legislatura puede ser un derecho político, pero gobernar también implica saber leer el momento. La pregunta ya no es si se puede llegar hasta el final, sino si conviene hacerlo y quién acabará pagando el precio cuando toque volver a pedir la confianza de los ciudadanos en las urnas.
Es redactor jefe de Mediterráneo
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