Vehículo eléctrico

La Comisión Europea ha dado un giro en su política sobre el vehículo eléctrico al revisar el objetivo fijado para 2035, que preveía la prohibición de vender turismos nuevos con motor de combustión. La propuesta sustituye ese veto total por una exigencia de reducción del 90% de las emisiones respecto a 2021, permitiendo un margen limitado para tecnologías que aún emitan CO₂. El planteamiento deja de formularse como una eliminación total y pasa a centrarse en el cumplimiento agregado de objetivos de flota.

La decisión ha suscitado críticas por la pérdida de ambición y por su impacto en la credibilidad de la Unión Europea. Si los objetivos se revisan antes incluso de su entrada en vigor, cabe preguntarse qué grado de confianza pueden generar a medio y largo plazo. También se ha interpretado este ajuste como una adaptación al nuevo contexto político internacional, en el que resurgen posiciones negacionistas del cambio climático, y como una respuesta a presiones industriales y de determinados Estados.

Más allá del debate inmediato, la cuestión de fondo merece reflexión. Me pregunto si tiene sentido mantener plazos muy exigentes si la capacidad tecnológica e industrial no evoluciona al ritmo previsto. La industria europea afronta retos evidentes: competencia internacional creciente, adaptación tecnológica insuficiente, déficits en infraestructuras de recarga y una demanda todavía desigual.

Si Europa no es capaz de dar respuesta en los tiempos inicialmente fijados, el riesgo es claro: convertirse en un gran mercado de consumo de vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos y, sobre todo, en China, países con modelos productivos y energéticos más contaminantes.

El resultado sería doblemente negativo: pérdida de industria y empleo en Europa y mantenimiento, o incluso aumento, de la contaminación global. Porque la contaminación no entiende de fronteras y deslocalizar la producción no equivale a reducirla. Plantear dudas no implica renunciar a la ambición climática, sino invitar a una reflexión necesaria sobre cómo hacer compatible industria y eficacia ambiental.

Blanca Marín es economista

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