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Opinión | EDITORIAL

Más estabilidad para el autónomo

El paro de los autónomos nació como una promesa de seguridad y hoy continúa siendo una promesa incumplida. Desde 2019 todos los trabajadores por cuenta propia están obligados a cotizar por el cese de actividad con la idea de no quedarse desamparados cuando el negocio baja la persiana. Sin embargo, la realidad demuestra que esa protección es más teórica que real y que el sistema falla precisamente cuando más se le necesita.

Las cifras de Castellón son contundentes y no admiten maquillaje alguno. Miles de autónomos se dieron de baja del RETA en apenas diez meses y solo una minoría intentó acceder a la prestación. De ellos aún menos lograron cobrarla. La consecuencia es clara, tal como ha venido publicando Mediterráneoestos días: seis de cada diez solicitudes fueron rechazadas. No se trata de casos aislados ni de errores puntuales, sino de un patrón que se repite y que evidencia la dimensión del problema.

Es cierto que una parte de las bajas responde a jubilaciones y también lo es que muchos profesionales no solicitan el cese porque saben de antemano que no cumplen los requisitos. Ahí está una de las claves del fracaso del modelo. Se exige un mínimo de cotización y además una justificación compleja del cierre basada en pérdidas económicas o en causas muy concretas. Para muchos pequeños negocios demostrar esas circunstancias es casi imposible o supone un proceso largo y desalentador cuando la prioridad es sobrevivir.

A esta rigidez se suma la realidad de un mercado laboral cada vez más fragmentado. Autónomos de temporada con actividades discontinuas en sectores sometidos a picos de demanda, el efecto de la tarifa plana..., dibujan un escenario que el sistema actual no sabe encajar. Se cotiza de forma obligatoria pero no se reconoce la diversidad de trayectorias profesionales ni la fragilidad real de muchos proyectos. El resultado es una asimetría difícil de justificar. Se pide esfuerzo económico constante pero se pone una carrera de obstáculos para acceder a la cobertura. Si algo así ocurriera con los trabajadores asalariados el debate sería inmediato y el escándalo mayúsculo. En cambio, en el caso de los autónomos la situación se ha normalizado. Es así de sencillo, pero así de complejo.

El cese de actividad no puede seguir siendo un derecho de papel. O se adapta a la realidad del trabajo autónomo o seguirá siendo el talón de Aquiles de un colectivo que sostiene buena parte de la economía local. Cotizar debe significar proteger y no solo cumplir. Mientras eso no cambie el paro de los autónomos seguirá siendo una promesa que se rompe justo cuando más falta hace.

Por ejemplo, la dificultad para acreditar pérdidas o causas objetivas de cierre choca con la realidad del pequeño comercio y de los servicios. No todos llevan una contabilidad compleja ni cuentan con asesoramiento permanente. En muchos casos, la caída de ingresos es gradual y sostenida pero no encaja en los porcentajes exigidos por la normativa. El sistema, en definitiva, no mide la asfixia diaria sino solo determinados umbrales fríos que dejan fuera a quienes más necesitan apoyo.

Si se quiere fomentar el emprendimiento y el autoempleo no basta ya con discursos y ayudas puntuales. Hace falta un sistema de seguridad que acompañe también en el fracaso porque el fracaso forma parte del camino. Un paro accesible y razonable no desincentiva el trabajo, sino que lo hace más digno y más justo.

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