Financiación: el dedo y la luna

El debate sobre los modelos de financiación autonómica ha estado tradicionalmente envenenado en España. En lugar de ser la resultante de un debate sobre las necesidades de los territorios y la reducción de las desigualdades, acaba siendo un mero mercadeo político en el que pesa más el rédito partidista inmediato que la solución de los problemas de la población. Y acaba convertido en objeto de controversia entre el Gobierno y la oposición, en el que la racionalidad desaparece y los consensos son poco más que imposibles. Esta vez no ha sido diferente. Si primero fue el PSOE a cuenta de su pacto parlamentario con CiU, después el PP con el mismo grupo y en la última ocasión el PSOE con Esquerra. Ahora ha vuelto a ser lo mismo. La metodología y, aún más, la puesta en escena no han buscado ni el entendimiento ni el consenso sino la demostración de la necesidad que tienen los gobiernos de Pedro Sánchez y Salvador Illa de asegurarse el apoyo de Oriol Junqueras, que ha jugado con habilidad las cartas que tiene aún estando fuera de la Generalitat catalana. Al otro lado, el PP no ha perdido una oportunidad de oro para castigar la credibilidad de los socialistas allí donde gobierna y, sobre todo, donde hay elecciones a la vista. De manera que el análisis superficial del modelo que presentó este viernes la vicepresidenta María Jesús Montero, previamente esbozado por Junqueras en su impacto en Cataluña, lleva al apocalipsis y a proclamar nuevamente que se trata de un saqueo.

Si miramos con algo más de profundidad, estaremos de acuerdo en que no es de recibo que el sistema de financiación autonómico lleve seis años caducado. Y no son unos años cualquiera: hemos vivido una pandemia, un par de guerras, un crecimiento demográfico empujado por la inmigración y el descontrol de la inflación, entre otras cosas. Movido tanto por la necesidad aritmética como por la voluntad política de presentarse como defensor del Estado de bienestar que, de hecho, gestionan las autonomías, Pedro Sánchez ha dado el paso de pactar con Esquerra aún a riesgo de que el momento y la puesta en escena perjudiquen electoralmente a los candidatos de su formación.

Hechas las salvedades, hay elementos objetivamente positivos, como es la inyección de 21.000 millones del Estado a la financiación de los servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas, una mayor corresponsabilidad fiscal y algún esbozo de simplificación administrativa. La principal novedad es que ese dinero nuevo, basado en previsiones económicas optimistas, no se va a repartir únicamente con los criterios actuales sino que va a tener en cuenta el diferencial en lo que recibe cada comunidad por lo que se llama «habitante ajustado», el sistema que pondera elementos que exigen solidaridad como la edad o la dispersión. De manera que lo que Junqueras llamó el jueves «principio de ordinalidad» es en el documento de Hacienda la «reducción de diferencias actuales». No se pierde la solidaridad, pero se limita, cosa que siempre es temeraria, aunque hay que ver la letra pequeña para juzgarlo definitivamente.

Todo indica que el modelo no pasará de la fase de propuesta y su utilidad práctica es, principalmente, la culminación del proceso de recuperación institucional de Cataluña de la mano de Illa, que tendrá una legislatura con al menos unos presupuestos.

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