Una cumbre estéril

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera confirmó ayer que la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica nace con un rechazo amplio y que, lejos de abrir una etapa de diálogo, llega al debate multilateral ya desgastada por vicios de origen y con escasas opciones de superar el primer trámite.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negando trato de favor a Cataluña, se limitó a exponer las líneas generales de un modelo que las comunidades ya conocían tras el acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Una secuencia (bilateral primero y multilateral solo después) que ha condicionado el debate y ha generado malestar entre la mayoría de consejeros autonómicos (todos, excepto la consellera de Cataluña), que reprochan un procedimiento poco adecuado para lo que debe ser una reforma de alcance general.

Un modelo puede ser perfectamente más justo, puede corregir desigualdades, reducir las diferencias entre las comunidades de régimen común mejor y peor financiadas, hacer que las autonomías con economías más dinámicas sigan siendo contribuyentes netas a los mecanismos comunes de solidaridad, incrementar los recursos disponibles para todas ellas y, aun así, tener dificultades para disolver las sospechas de agravio.

El rechazo de las comunidades gobernadas por el PP fue unánime, pero también se han sumado a él Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE.an denunciado un modelo precocinado en la negociación entre el Gobierno y ERC que, a su juicio, introduce privilegios para Cataluña y rompe el principio de igualdad, incluso en territorios potencialmente beneficiados. El presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, pidió abiertamente que la reforma no prospere y ha denunciado como inaceptable que Junqueras conociera antes que nadie sus detalles, evidenciando que el problema no es solo la oposición del PP, sino también la falta de consenso en el PSOE.

Con este panorama de oposición generalizada, Hacienda optó por aplazar la votación. Pero el diagnóstico no varía: el modelo no ha superado el primer round y nada indica que vaya a hacerlo a corto plazo. La promesa de una adhesión voluntaria y de que todas las comunidades ganen no ha logrado disipar la desconfianza generada por el pacto previo con ERC ni la percepción de que el debate llega tarde y mal. Más allá del bloqueo político inmediato, el problema de fondo sigue ahí. El sistema de financiación autonómica lleva más de una década caducado y, desde entonces, han cambiado la demografía, la estructura económica y las necesidades de gasto público, de modo que seguir aplazando su actualización perpetúa desequilibrios y tensiona los servicios públicos esenciales.

Precisamente por eso, la reforma necesaria no puede ser el resultado de una contrapartida ligada a un acuerdo de investidura en una sola comunidad autónoma. Es inevitable que una reforma institucional que afecta al conjunto de España, definida a través de una negociación bilateral, sirva apenas para cumplir las necesidades parlamentarias de un Gobierno en minoría. Pero sin un consenso amplio, una metodología transparente y una voluntad real de acuerdo por parte de todos, cualquier intento de actualizar la financiación autonómica seguirá atrapado en el mismo círculo vicioso: una necesidad indiscutida, mucho ruido y muy pocas posibilidades de éxito.

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