¿Encarecer la VPP?

La Generalitat valenciana tramita la orden que regulará el precio máximo de venta de las viviendas de protección pública (VPP). La propuesta introduce un «módulo dinámico» que ajusta dicho precio en función de variables municipales como el precio de la vivienda libre en el mercado local.

El objetivo declarado es garantizar la viabilidad económica de las promociones y aumentar la oferta de vivienda protegida. Sin embargo, conviene plantear una cuestión clave: si lo que se persigue es viabilidad económica, la variable determinante no es el mercado, sino el coste de construcción.

La propia Generalitat ya lo reconoció cuando, en 2023, justificó el incremento del precio hasta 2.200 €/m² apoyándose en un estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Edificación. Aquel informe acreditaba que el incremento de los costes de materiales, energía y mano de obra hacía inviable la promoción de VPP con los módulos anteriores.

Ese análisis sigue siendo válido hoy. Los costes de construcción de la vivienda protegida son relativamente homogéneos en el conjunto de la CV y son la base real sobre la que se decide si una promoción es viable o no. Introducir como referencia el precio de la vivienda libre en los mercados locales supone cambiar el foco del problema.

Vincular el precio de la vivienda protegida al de la vivienda libre traslada las tensiones inflacionarias del mercado a un producto cuya finalidad es precisamente corregirlas. En los municipios con precios libres elevados, la VPP se encarece y pierde capacidad social. En los municipios con precios más bajos, el ajuste no resuelve la falta de viabilidad, porque el coste de construir es el mismo.

La vivienda protegida no puede convertirse en una vivienda de mercado con descuento. Si su precio se indexa al mercado libre, deja de cumplir su función social y pasa a reforzar dinámicas que pretende combatir. Para que una política de vivienda sea eficaz, estable y socialmente coherente, el precio máximo de la VPP debe ser asequible y construirse desde los costes reales, no desde los precios del mercado al que pretende poner límites.

Economista

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