La delgada línea entre lo legal y lo ético

Vivimos en una sociedad que a menudo confunde lo legal con lo correcto. La ley establece límites mínimos; la ética plantea exigencias más profundas, especialmente cuando se trata de recursos que pertenecen a toda la sociedad.

Cada vez es más común ver prácticas que, aunque pueden ser legales, generan malestar social: sueldos elevados, dietas generosas o gastos cuestionables con fondos públicos o con donaciones particulares dirigidas a un fin en concreto. Incluso cuando se ajustan a tablas salariales oficiales, las compensaciones pueden resultar desproporcionadas o poco transparentes. Aquí la administración tiene un papel clave: supervisar y garantizar que el uso del dinero público no solo cumpla la ley, sino que también sea coherente con los principios éticos esperados. La vigilancia no es un trámite; es un mecanismo de confianza.

La ética va más allá del cumplimiento formal. Cuando quienes gestionan recursos públicos actúan solo según la ley y no según lo que la ciudadanía considera justo, se erosiona la confianza social y se alimenta la sensación de privilegio. Argumentar «si es legal, está bien» no basta: administrar fondos públicos exige ejemplaridad, austeridad y sentido común.

No es raro también ver cómo algunas personas que critican ciertas prácticas con firmeza parecen perder su criterio cuando se endulza su sueldo o se les otorgan beneficios. De repente, opiniones antes inamovibles se diluyen y todo lo que se dice o se hace pasa a ser aceptado sin cuestionamiento. Como decía Groucho Marx: «Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros». Esta conducta evidencia que la ética personal puede verse comprometida cuando los intereses propios se anteponen al interés público, y refuerza la necesidad de transparencia y supervisión constante.

Renovar periódicamente a quienes gestionan recursos y/o entidades públicas es igualmente importante. La rotación aporta nuevas ideas, evita rutinas cuestionables y fomenta decisiones más responsables y eficientes, beneficiando al interés general. La estabilidad sin renovación puede favorecer lo cómodo sobre lo justo.

La verdadera pregunta no es si algo se puede hacer, sino si se debe. Cerrar la brecha entre lo legal y lo ético requiere más que normas: exige cultura de responsabilidad, transparencia y compromiso con el interés común. Cuando la ley se usa para justificar conductas cuestionables, se vacía de sentido el principio fundamental de la vida pública: servir a la sociedad, no servirse de ella.

Delegada de la SI FSS CCOO Comarques del Nord

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