Soluciones a la plaga de jabalís

Castellón viene enfrentándose desde hace tiempo a un problema de índole medioambiental, sanitario y de seguridad vial que resulta necesario atajar. La proliferación del jabalí, lejos de estabilizarse, ha venido avanzando hasta alcanzar unas cifras que resultan difíciles de encajar en un territorio como éste, con una actividad agrícola relevante, una densa red de infraestructuras rurales y viarias y zonas residenciales muy sobreexpuestas a la presencia de estos animales. Los datos oficiales confirman una población que supera ampliamente los 42.000 ejemplares y que, además, mantiene una tendencia claramente ascendente pese al esfuerzo realizado en las últimas campañas de control.

El aumento sostenido del número de animales, incluso en un contexto de récord histórico de capturas, pone de manifiesto que las medidas aplicadas hasta ahora han sido insuficientes para contener la expansión de esta especie. Que se hayan abatido más de 13.500 jabalíes en una sola temporada y, aun así, el censo siga creciendo, debería servir para tomar conciencia del alcance real de las políticas de gestión cinegética y ambiental que se están aplicando en el territorio. Ya es algo común comprobar cómo detrás de no pocos accidentes de tráfico ocurridos en la provincia está, de manera palmaria, la presencia de estos animales.

Las consecuencias de esta sobrepoblación son bien conocidas por quienes viven y trabajan en el medio rural. Los daños en la agricultura se multiplican campaña tras campaña, con especial incidencia en cultivos como los cítricos, pero también en infraestructuras básicas como sistemas de riego, caminos o márgenes de parcelas. A estas pérdidas económicas, que las organizaciones agrarias cifran en millones de euros cada año, se suma el riesgo creciente para la seguridad vial y la preocupación sanitaria derivada de la posible llegada de enfermedades como la peste porcina africana.

Ante este escenario, la Generalitat ha venido reforzando los dispositivos de recogida de animales abatidos, ha ampliado rutas y puntos de entrega y ha puesto en marcha un plan de choque que incluye ayudas económicas a los cazadores y la implantación de sistemas de trampeo en aquellas zonas donde la presión cinegética no resulta suficiente. Se trata de avances necesarios que responden a demandas históricas del sector y que facilitan una gestión más ordenada y segura de los restos, pero que por sí solos no garantizan una solución duradera.

El compromiso del colectivo de cazadores, en este caso, es un elemento clave en este proceso, aunque no debería convertirse en el único pilar sobre el que recaiga la responsabilidad del control poblacional. La magnitud del problema exige una estrategia más amplia, capaz de integrar a administraciones y sectores afectados, además de abordar también las causas que han favorecido este crecimiento descontrolado. La unidad de criterio y la suma de recursos por parte de los ayuntamientos también resultan esenciales en todo este proceso. La expansión del jabalí en Castellón no es un fenómeno pasajero. Se trata de un problema que afecta al equilibrio del territorio, a la viabilidad del sector agrario y a la seguridad de la población. De ahí que afrontarlo con medidas puntuales puede aliviar la presión a corto plazo, pero solo una planificación sostenida, colaborativa y coherente permitirá evitar que la situación continúe agravándose en los próximos años.

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