¿Qué más tiene que pasar?

En España ya no discutimos sobre la puntualidad de los trenes. Discutimos sobre seguridad, sobre responsabilidades políticas y sobre hasta qué punto un Gobierno, el que lidera Pedro Sánchez desde 2018, puede mirar hacia otro lado mientras el sistema ferroviario se degrada ante los ojos de todos nosotros.

El accidente de Adamuz, con víctimas mortales y numerosos heridos, debería haber sido un punto de inflexión. Un momento para detener el ruido, asumir errores y actuar con urgencia. Sin embargo, la respuesta institucional ha vuelto a ser la de siempre: mensajes tranquilizadores, apelaciones a la excepcionalidad y una llamativa resistencia a asumir responsabilidades políticas claras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, son los máximos responsables de garantizar que viajar en tren en España sea seguro. No es una cuestión ideológica ni partidista, es una obligación básica del Estado. Y cuando hay muertos, heridos y un historial creciente de incidencias, las explicaciones ya no bastan.

La ironía (trágica) es que llevamos años escuchando que todo funciona razonablemente bien. Que los problemas son puntuales. Que las críticas responden a intereses políticos.asta que dejan de ser retrasos y pasan a ser accidentes.asta que el sistema, tan robusto en el discurso, demuestra su fragilidad en la realidad.

Y gobernar, excelentísimo señor presidente del Gobierno, es asumir responsabilidades. Reconocer los aciertos y aceptar la negligencia. Actuar en consecuencia y no aferrarse al cargo.

Y aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿en qué estado están realmente las vías, los sistemas de seguridad y el mantenimiento ferroviario? ¿Se ha invertido lo suficiente donde importa? ¿O parte de esos recursos se han desviado durante años a otras prioridades más vistosas, más rentables políticamente o, sencillamente, menos serias? Nadie acusa, pero exigir una investigación exhaustiva y transparente no solo es legítimo, es obligatorio cuando la seguridad de los ciudadanos está en juego.

Y precisamente las pruebas, los argumentos, la verdad de los hechos siguen sin conocerse. En lugar de justicia, parches, escudos políticos y palmaditas en la espalda para resistir.

España vive una etapa política en la que lo inaudito se ha convertido en lo corriente. En la que lo sonrojante y vergonzoso ya no nos sorprende. En la que la injusticia o la corrupción ya forman parte de un Ejecutivo que pasará a la historia por un presidente, Pedro Sánchez, que ha llevado a nuestra democracia a un nivel de perversión rayano en lo miserable.

Y junto a Sánchez, sus socios. Los partidos que sostienen esta mayoría parlamentaria (Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu) no pueden seguir actuando como espectadores indignados de una gestión que sostienen con sus votos. La pregunta es inevitable: ¿qué más tiene que pasar para que exijan responsabilidades reales? ¿Cuántas incidencias más? ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántas víctimas?

Descartado un exceso de velocidad en Adamuz por parte de Renfe, nos preguntamos por qué el ministro de Transportes, Óscar Puente, rebatió una a una las advertencias que los maquinistas hacían desde hace meses y a las que el senador del PP por Murcia, Francisco Bernabé, dio voz en la Cámara Alta el pasado 2 de diciembre.

Esos mismos especialistas son los que hoy desean personarse como acusación popular en las causas por los accidentes de Adamuz y también de Gelida. Son los que advertían que los trenes vibraban de forma indebida en Córdoba desde hacía medio año. Los que exigen respuestas al descarrilamiento del Iryo y al choque del Rodalies registrado el pasado martes 20 en Barcelona

Exigir dimisiones, auditorías independientes o cambios urgentes en la gestión no es utilizar políticamente a las víctimas. Utilizarlas sería callar, minimizar o refugiarse en el cinismo institucional. Honrarlas significa actuar para que no vuelva a ocurrir.

Y por eso, exigimos justicia. Toda la verdad que merecen los españoles y exigen las víctimas. Que reclama un país harto de tragar con la ignominia de un presidente que no conoce límites si se trata de retener el trono.

Las decisiones políticas tienen detrás de sí a responsables políticos. Y España merece justicia. La que esta presidenta de la Diputación de Castellón reclama desde esta ventana pública que comparto con mi provincia cada miércoles.

La seguridad ferroviaria no admite propaganda ni sarcasmo institucional. Admite decisiones, transparencia y consecuencias políticas. Todo lo demás (las excusas, los relatos y las evasivas) no descarrilan por casualidad. Descarrilan porque nadie acciona el freno a tiempo.

Presidenta de la Diputación de Castellón

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