Regularizar, mejor con consenso

La regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, es una medida comprensible que viene a dar cobertura administrativa a cerca de 500.000 personas que residen y trabajan en nuestro país, pero que carecen de los documentos legales que les garantizan el permiso de residencia y el acceso a contratos de trabajo. De hecho, muchos de esos ciudadanos ya están empleados, pero no tienen un contrato que lo acredite, y reciben protección social del Estado y de instituciones benéficas sin cotizar. Tanto es así que los documentos que pueden presentar para demostrar que llevan viviendo en España un mínimo de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 son precisamente un certificado del padrón municipal, contratos de alquiler, facturas de la luz, agua o teléfono, citas médicas, certificados de asistencia social o justificantes de envío de dinero, entre otros. Es decir, documentos que demuestran su cotidianidad en territorio español. La medida, que exigirá que los solicitantes no tengan antecedentes penales «relevantes», alcanza también a los hijos menores de quienes adquieran el derecho de residencia y se hará extensiva a aquellas personas que hayan solicitado asilo político.

La decisión de regularizar a ese medio millón de personas carece, no obstante, del consenso que hubiera sido deseable. En 2024, un millar de asociaciones, entre las que se encuentran desde grupos de izquierdas a entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal Española, habían presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por más de 700.000 firmas, para reclamar esa normalización de los inmigrantes sin papeles. Pero esa ILP no ha llegado siquiera a tramitarse. Ha sido con un acuerdo del Gobierno con Podemos (a quien Pedro Sánchez ha cedido innecesariamente el protagonismo del anuncio, lo que sitúa la decisión en el vulnerable marco de las concesiones a los socios a cambio de estabilidad) como se avanza ahora en esa dirección, y no a través de una ley sino de un decreto que reforma el reglamento de extranjería, que no requiere siquiera de una convalidación parlamentaria.

Para relativizar algunas de las críticas: no estamos ante la primera regularización. Hubo varias durante los gobiernos de José María Aznar y durante los mandatos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero nunca fueron acompañadas de una política de fronteras coherente, que impidiera el encadenamiento del efecto llamada y la reproducción al poco tiempo de una situación similar a la que se pretendía solucionar. Esa es una de las razones por las que esta medida requería de una ley pactada, al menos con el principal partido de la oposición, que evitara, entre otras cosas, dar pábulo al populismo de Vox. Porque será necesario argumentar sus beneficios tanto como reconocer las dificultades que conlleva su aplicación, y no hacerlo es poner demasiado fácil las cosas a quienes agitan la inviable consigna de la repatriación masiva cuando la única alternativa real a regularizar es mantener la irregularidad enquistada. Conceder la residencia a estos nuevos ciudadanos es una política de Estado que se ha de aplicar con independencia de quien gobierne, y su regularización requerirá además de un ajuste de los servicios públicos autonómicos y municipales, en los que gobiernan diversos partidos. No haberlo hecho de ese modo indica la incapacidad del Ejecutivo y sus socios para alcanzar acuerdos de amplia mayoría.

Suscríbete para seguir leyendo