Una realidad laboral asentada

Los datos que arroja la última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y que este medio ha venido desgranando a lo largo de los últimos días, vuelven a situar sobre la mesa una realidad que en la provincia de Castellón resulta complicado ignorar: se quiera o no reconocer, una parte sustancial del funcionamiento del mercado laboral descansa hoy sobre la aportación de la población migrante, especialmente en sectores donde la falta de mano de obra se ha convertido en un problema estructural más que coyuntural.

La agricultura y la construcción son los ejemplos más evidentes de esta dependencia, con porcentajes de trabajadores extranjeros que rozan la mitad del total de ocupados y que dibujan un escenario de equilibrio casi perfecto entre nacionales y foráneos, lo que desmonta cualquier intento de presentar este asunto como residual o circunstancial. El campo castellonense y el ladrillo no solo cuentan con trabajadores migrantes sino que, en buena medida, se sostienen gracias a ellos, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población activa y por la escasa disposición de trabajadores locales a incorporarse a estas actividades en las condiciones actuales. Así lo ponen de manifiesto los propios empresarios.

Aunque en la industria y en los servicios el peso relativo de los migrantes es menor, su papel sigue siendo relevante si se analiza con mayor detalle la composición interna de estos sectores, donde actividades como la hostelería concentran una presencia creciente de trabajadores extranjeros y evidencian las dificultades recurrentes para cubrir puestos durante los periodos de mayor actividad. No es casual que una parte significativa del crecimiento del empleo registrado en la provincia se concentre precisamente en la población migrante, que alcanza cifras históricas y representa ya una proporción muy significativa del total de ocupados en nuestra provincia.

En este escenario, la regularización anunciada por el Gobierno central aparece menos como una medida excepcional que como un paso lógico para ordenar una realidad ya existente, con el objetivo de reducir situaciones de precariedad y dotar de mayor estabilidad a un mercado laboral que necesita mano de obra para seguir creciendo. También hay que señalar que esta regularización masiva no debe apartarnos la vista hacia aquellos casos que puedan concitar posibles abusos que siempre hay que atajar y que, en sí mismos, daña a la mayoría de los beneficiarios. Más allá de esta necesaria prescripción, la regularización permitirá normalizar situaciones anómalas de unos ciudadanos que conviven a nuestro lado.

Facilitar el acceso a derechos y condiciones laborales plenas no solo beneficia a quienes trabajan en estos sectores claves para nuestra economía, sino que contribuye a corregir distorsiones salariales, a combatir prácticas abusivas y a aliviar el déficit de personal que sufren actividades fundamentales como son la agricultura, la construcción o la hostelería. Sin duda, su impacto en otros ámbitos más especializados será previsiblemente menor, al seguir siendo la cualificación y la experiencia factores determinantes. Desde esta perspectiva, la regularización no debería entenderse como una concesión, sino como una medida que permite ordenar una realidad ya asentada, reducir la economía sumergida y la competencia desleal y dotar de mayor estabilidad a sectores que dependen de esta mano de obra para sobrevivir.

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