Menores y redes sociales

Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo el pasado martes, en la World Governments Summit de Dubái, su intención de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y de responsabilizar a los directivos de las plataformas de las infracciones que se cometan al manipular los algoritmos o al no retirar los contenidos ilícitos. El reclamo, que se realizó al calor de la decisión adoptada hace dos meses por el Gobierno australiano, no es, sin embargo, más que un producto reciclado de manera oportunista, porque resulta que el Ejecutivo español que él preside ya envió una medida similar al Congreso de los Diputados hace año y medio y allí se encuentra, semiparalizada en el proceso de enmiendas sin que nadie, salvo la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, haya manifestado hasta ahora un particular interés. No obstante, también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó para su partido la autoría de la iniciativa, que habría propuesto en noviembre, y pidió que Sánchez le pague el copyright. Sería bueno que esa coincidencia sirviera, al menos, para que si la norma acaba por aprobarse lo sea por un amplio consenso político.

Australia aplica la prohibición de acceso a los menores de 16 años desde el 10 de diciembre pasado y países como Francia, Portugal o Dinamarca están sopesando medidas similares, que también estudia la Comisión Europea. Iniciativas todas bienintencionadas, que pretenden proteger a los menores del efecto que las redes sociales están teniendo en su crecimiento emocional e intelectual e incluso en su comportamiento. Pedagogos y psicólogos advierten de problemas conductuales y de alteraciones del carácter por la exposición a los contenidos digitales. Pero nadie sabe si será posible regular el ciberespacio. Ni siquiera sabe nadie cómo hacerlo para evitar que los dueños del algoritmo se salten todas las barreras que se puedan establecer. La tarea se presenta tan difícil como ponerle puertas al campo, algo que se sabe imposible. Coinciden, no obstante, los expertos en que se precisa de algún tipo de regulación para evitar que los niños estén expuestos a contenidos inadecuados para su edad y también a riesgos que van desde el acoso y la violencia a la manipulación de su comportamiento.

Muchos estudiosos señalan que, al igual que los estados regulan con sus leyes el funcionamiento del propio sistema democrático, convendría que las redes también estuvieran sometidas a algún tipo de normativa que las reglamente e impida que campen a sus anchas sin ningún tipo de control. Pero esa regulación nunca acaba de concretarse. Existen algunos programas piloto en la UE que ayudarían, por ejemplo, a garantizar la verificación de la edad de los usuarios de forma segura, sin que se ocupen de ello las mismas plataformas.

No se puede olvidar, sin embargo, que no solo la prohibición, si pudiera ser realmente implementada, protege a los menores. Tan importante como ampararles legalmente es educarlos en el uso de las redes, para que sepan detectar y evitar los peligros que implica la navegación por el ciberespacio, al que tarde o temprano accederán. Al igual que se les advierte de los peligros y se les enseñan las normas cívicas necesarias para navegar por su terrenal vida cotidiana.

Suscríbete para seguir leyendo