El libre comercio agrícola

El acuerdo suscrito recientemente por la Unión Europea (UE) con Mercosur y la renovación, el mes pasado, del vigente con Marruecos, suponen un paso importante para el libre comercio en estos países, en diversos sectores económicos y en ambas direcciones, a la vez que representan un reto para el sector agrícola de España y otros países del sur de Europa que deberán adaptarse al nuevo contexto comercial. Negociado durante 25 años, el acuerdo firmado por la Comisión Europea con Mercosur representa, efectivamente, la creación de una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con casi 800 millones de habitantes, lo que puede contribuir a potenciar la economía europea y a diversificar su tejido global de socios comerciales. Sin embargo, la oposición que ha suscitado este acuerdo en los países del sur de Europa no puede menospreciarse. Buena prueba de ello fue la decisión del Parlamento Europeo de oponerse, por el momento, a su ratificación, y que no puede atribuirse únicamente a la posición contraria de partidos extremistas o antieuropeos. Los acuerdos de la UE como el de  Mercosur y aún más el de Marruecos, que ya ha tenido efectos evaluables, suponen efectivamente un desafío para una agricultura como la española y, en particular, la castellonense, obligada a competir con mayores costes de producción y una regulación fitosanitaria más exigente.

Lo ocurrido con los productos agrícolas importados de Marruecos ilustra los retos a los que se enfrenta el campo. Por ejemplo, desde el acuerdo firmado por la UE con el país norteafricano en 2012, las importaciones de tomate marroquí a España han crecido un 269%, mientras que la producción de este producto en España ha caído un 31%. No solo esto: el aumento de importaciones de tomate marroquí por parte de la UE ha pasado de 347.000 a 646.000 toneladas, en detrimento de las exportaciones desde los países del sur de Europa. A la denuncia de una competencia que los agricultores ven desigual, se añade el hecho de que las frutas y hortalizas procedentes de Marruecos compiten con las españolas al coincidir en la misma temporada.

Las dificultades añadidas que supondrán los acuerdos con Mercosur para el campo español no deben conducir a una oposición frontal a la liberalización del comercio, que forma parte del ADN de la UE desde su creación. Y cuando, en el marco general de la necesidad de ordenar los flujos migratorios, se plantea la conveniencia de fomentar el desarrollo de los países emisores, forma parte de ello abrir las fronteras a sus productos. Eso sí, se han de hacer realidad las promesas de que se evitará la entrada de productos cultivados o transformados sin seguir las restricciones sanitarias y ambientales que sí han de cumplir los agricultores europeos, cosa que, a la vista de las periódicas detecciones de productos foráneos, no se ha venido logrando. El sector primario castellonense sentencia por «insuficientes» las medidas de salvaguarda aprobadas y exigen la protección necesaria frente a las importaciones, también ha mostrado el rechazo a otras políticas «como el recorte de la PAC, que están planteando del 22%, lo que agravará el problema de la despoblación.

Mercosur supone un incentivo para reactivar la industria europea que padece la nueva política arancelaria proteccionista de EEUU, pero no puede situar al nuestro campo como moneda de cambio. Europa debe tener muy presente el coste económico y social de todo este proceso y poner remedio antes que sea tarde.

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