El abandono invisible

El deterioro progresivo de las carreteras y de otras infraestructuras esenciales en España ha dejado de ser una mera molestia para convertirse en una cuestión de interés público urgente. No hablamos solo de baches o señales descoloridas: hablamos de puentes y viaductos con mantenimiento insuficiente, de travesías rurales degradadas, de redes de agua y saneamiento que registran averías recurrentes, y de estaciones y pasos que muestran el desgaste de una gestión cortoplacista. Esta situación erosiona la seguridad vial, encarece la movilidad, reduce la productividad y agrava la desigualdad territorial.

Las causas son múltiples y convergentes. A la insuficiencia presupuestaria destinada al mantenimiento se suma una planificación deficiente. La tendencia a priorizar proyectos emblemáticos por encima de la conservación cotidiana, así como la escasa transparencia en adjudicaciones y controles, han dejado muchos activos públicos en estado de abandono. A todo ello se añade el impacto de la emergencia climática: episodios de lluvias intensas, heladas y olas de calor aceleran el deterioro y exigen soluciones de mayor resiliencia.

Las consecuencias sociales y económicas son claras. Los costes derivados de averías, retrasos y siniestros incrementan el gasto público y privado; las zonas rurales, con menos recursos, padecen aislamiento y pérdida de oportunidades; y la confianza de la ciudadanía en la capacidad del sector público para garantizar servicios básicos se resiente. Además, la reputación internacional se ve afectada cuando la infraestructura crítica no ofrece garantías.

Corregir esta deriva exige una estrategia estable, homogénea y basada en criterios técnicos. Es imprescindible priorizar el mantenimiento preventivo sobre la reparación reactiva, asignar fondos estables y condicionar parte de la financiación a auditorías independientes y a la transparencia en contratación. Del mismo modo, debe fortalecerse la coordinación interadministrativa, con responsabilidades claras y mecanismos de supervisión eficaces. La inversión en conservación es inversión en seguridad, cohesión territorial y competitividad.

No se trata de obras grandilocuentes, sino de cuidar lo que ya existe para que siga funcionando. Recuperar el buen estado de nuestras carreteras y servicios es un imperativo colectivo que reclama voluntad política, planificación y participación ciudadana. Solo así nuestras infraestructuras podrán sostener el crecimiento y el bienestar de las próximas décadas, evitando que el desgaste se convierta en declive irreversible.