Transparencia en Interior

La denuncia contra quien hasta la tarde del martes ocupó el cargo de director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, apunta esta vez a una instancia responsable de un asunto tan crucial para la seguridad y la dignidad de las mujeres como es el de las agresiones sexuales. El caso, que ha de considerarse todavía como presunto, tiene también como agravante la posición del denunciado, que era el número dos y máximo mando operativo de ese cuerpo policial, frente a la denunciante, una inspectora de policía y, por tanto, subordinada del acusado. Se acumulan, según la denuncia por la que está siendo investigado, algunos de los elementos tan habituales en casos de agresión sexual en los que el presunto atacante se aprovecha de su condición de superioridad jerárquica. Este caso, si se confirma, habría ido acompañado además de una «campaña de acoso» y de «presión» para intentar evitar que la agredida acudiera al juzgado. Según la denuncia, en ese intento de encubrimiento y coacción habría participado a su vez el comisario jefe del área operativa, muy próximo al DAO y que ha sido destituido.

El hecho de que el presunto agresor sea un policía de alta cualificación y con una brillante hoja de servicios, conocido además por la mayoría de los españoles por sus comparecencias en televisión durante el confinamiento de 2020, añade, si cabe, gravedad a los hechos. Debe darse por descontado que la ejemplaridad es siempre un requisito básico y obligado para quienes ocupan cargos directivos, más aún cuando se trata de altos mandos de la policía, cuya obligación es perseguir el delito y velar por la seguridad de la sociedad en su conjunto. Pero la experiencia demuestra que no siempre es así y es por eso que la dimisión o destitución inmediata del señalado, en cuanto se conoció la denuncia, era imprescindible. No solo por la gravedad de la acusación en sí misma; también para evitar que desde su cargo intentara condicionar la investigación y tratara de coaccionar a la denunciante, algo, esto último, que según ella ya habría ocurrido. El cese del DAO contribuye también a mitigar el daño reputacional que puede sufrir la institución policial con hechos como estos y a tratar de recuperar con la máxima celeridad la confianza de la sociedad en sus fuerzas de seguridad.

El ministro Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que reclamó la dimisión del DAO en cuanto tuvo conocimiento de la denuncia, el pasado martes, e incluso que él mismo está dispuesto a dimitir si la agredida se ha sentido desprotegida. La transparencia ha de ser máxima sobre quién tuvo conocimiento de la situación de la denunciante, no actuó y no la transmitió a sus superiores, y debería asumir las consecuencias por ello, y quién intervino de forma adecuada en cuanto dispuso de la información oportuna. Aun así, este caso, como otros conocidos recientemente en otros ámbitos de la administración pública, exige una reflexión profunda sobre cuáles son los criterios de selección de los altos cargos o personas de máxima confianza y qué responsabilidades concurren cuando esa confianza se revela como injustificada. Porque en casos como estos, además del daño a las víctimas y de la responsabilidad de los directos responsables, no es menos grave la inseguridad que se transmite al saber que esas graves conductas machistas perviven aún en altas instancias de la policía y del Estado.

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