Qué falló en Xilxes y Benicàssim

Cada asesinato machista vuelve a interpelar a la sociedad entera. No es un suceso fortuito ni un drama estrictamente doméstico: es la culminación de una cadena de desigualdades y violencias que se incuban en el ámbito privado, pero que tienen raíces públicas. Cuando una mujer es asesinada por su pareja o expareja, no solo fracasa una relación; fallan los mecanismos de prevención, las redes de apoyo y, en última instancia, la capacidad colectiva para detectar y neutralizar el riesgo.

Los últimos crímenes ocurridos en Castellón han reabierto un debate incómodo. Si existían denuncias y medidas de alejamiento, ¿por qué no bastaron? Contamos con un entramado jurídico y asistencial avanzado que nos habla de la protección policial, la atención psicológica, la asistencia jurídica e incorpora medidas judiciales específicas. Sin embargo, ningún diseño normativo funciona sin los recursos suficientes ni esa coordinación constante que tiene que haber entre quienes deben aplicarlo.

La violencia no siempre se manifiesta de forma progresiva, puede darse de manera brusca, sobre todo tras una ruptura. La percepción de la víctima, condicionada por el miedo, la dependencia emocional o la esperanza de cambio, no siempre refleja la magnitud del riesgo. Incorporar de manera sistemática valoraciones técnicas sobre el agresor (especialmente cuando el nivel de riesgo es medio o alto) permitiría anticipar escenarios letales con mayor precisión. La prevención exige mirar también hacia quien ejerce la violencia, no solo hacia quien la padece. A ello se suma una limitación estructural: la sobrecarga de los equipos que se ocupan del seguimiento. Policías, juristas, profesionales de la psicología y del trabajo social atienden a un número elevado de casos, lo que dificulta un acompañamiento estrecho.

También existen factores que elevan el peligro. El momento en que una mujer decide poner fin a la relación suele ser especialmente crítico. Para determinados perfiles, la autonomía femenina se percibe como una pérdida de control intolerable. Si a ello se añaden precariedad económica, falta de vivienda o aislamiento social, el margen de maniobra para escapar de la violencia se reduce considerablemente. La respuesta institucional debe contemplar estas variables y reforzar la protección de forma temporal cuando el riesgo aumenta.

Con el paso del tiempo, se ha hecho visible una realidad que durante décadas permaneció oculta tras la puerta del hogar. La mayor autonomía de las mujeres y su disposición a denunciar han contribuido a romper el silencio. Sin embargo, la visibilidad no garantiza por sí sola la erradicación. Persisten discursos que relativizan de esta violencia, lo que debilita la respuesta colectiva.

La violencia machista no es inevitable. Cada asesinato evidencia que aún existen fisuras en el sistema de protección y en la conciencia social. Corregirlas no es solo una cuestión de leyes, sino de voluntad política, recursos adecuados y compromiso colectivo. Mientras la pregunta siga siendo «qué falló», la tarea pendiente será convertir esa reflexión en cambios concretos que impidan que la estadística vuelva a escribirse con nombres propios.

Los últimos sucesos nos ha sobrecogido a todos y de todos es responsabilidad que hechos como los ocurridos en Xilxes y Benicàssim no vuelvan a darse. Se lo debemos a las víctimas.

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