Dilemas electorales

A diferencia de lo ocurrido en Extremadura o Aragón, las elecciones en Castilla y León, cuya campaña acaba de empezar, no responden a una disolución anticipada, sino al cierre ordinario del mandato. Una circunstancia que, aun siendo relevante, no desvincula los comicios del contexto político general que influirá tanto en la campaña como en la interpretación de los resultados.

Castilla y León fue la primera autonomía en la que el PP y Vox formaron un gobierno de coalición: un acuerdo entre un partido con amplia experiencia institucional y otro emergente, con un perfil más confrontativo y distintas prioridades. Las diferencias fueron visibles desde el inicio, tanto en materia de políticas como en el estilo de gobierno. En 2024, siguiendo una estrategia definida a escala nacional, Vox abandonó los ejecutivos autonómicos en los que participaba por desacuerdos sobre el reparto de menores inmigrantes no acompañados (y porque agitar tempestades parece más rentable electoralmente que gestionar responsabilidades). Una decisión que puso de manifiesto la fragilidad del acuerdo y que condiciona el escenario actual, en la medida en que Vox -el único partido sin estructura autonómica propia- tiende a supeditar su actuación territorial a su estrategia nacional.

En Extremadura y Aragón, PP y Vox están negociando la investidura y, en ambos casos, la dependencia del primero respecto del segundo se ha reforzado tras las recientes elecciones. En Castilla y León, en cambio, las expectativas de crecimiento de Vox parecen más contenidas según las encuestas, quizás porque su etapa en el gobierno fue más prolongada y estuvo más expuesta al desgaste. Aun así, si la distribución de escaños no varía de forma significativa, podría reproducirse una relación de dependencia similar.

En estas circunstancias, sería de nuevo negativo, aunque parece inevitable, que la campaña se plantee en clave estatal, desplazando la atención a las expectativas que el equilibrio de fuerzas entre PP, Vox y el PSOE suscite de cara a unas futuras generales, en detrimento de las cuestiones propias, obviando que las autonomías gestionan competencias esenciales para la vida cotidiana de los ciudadanos, como sanidad, educación o servicios sociales, cuya correcta ejecución requiere estabilidad parlamentaria.

Cuando la confrontación estatal se impone, la cooperación se reduce y la gobernabilidad autonómica se debilita. A mayor fragmentación y polarización los acuerdos se hacen más difíciles, pero siguen siendo imprescindibles. Pese al avance de fuerzas más extremas, PP y PSOE siguen siendo los partidos con más respaldo en la mayoría de las autonomías. Una posición que les debería conferir una responsabilidad adicional: facilitar la investidura del candidato más votado cuando no haya mayoría alternativa y facilitar la aprobación de presupuestos, ambas condiciones básicas para una legislatura estable.

La campaña que ahora comienza puede orientarse hacia ese objetivo o quedar subordinada a la lógica de la competición estatal. Si el debate se centra en las necesidades de la comunidad y en las condiciones de estabilidad institucional, las elecciones cumplirán su función. Si, por el contrario, se interpretan como un episodio más de la pugna nacional, la solidez de la próxima legislatura se verá inevitablemente condicionada.

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