Ejemplaridad

Tenía previsto dedicar el artículo a la industria, aprovechando la celebración del primer Congreso Nacional de la Industria. Pero se ha cruzado una noticia irritante: el escándalo de las viviendas en Alicante.

El caso es conocido. Viviendas de protección pública, destinadas a facilitar el acceso a quienes realmente lo necesitan, han terminado en manos de personas vinculadas al entorno de la administración. Políticos, sí. Pero también empleados públicos, familiares directos de quienes intervenían en el expediente, incluso la esposa del técnico encargado de informar el procedimiento. Y, para culminar el despropósito, el responsable de la cooperativa adjudicataria se reservó un ático para venderlo. Todo ello en plena crisis de acceso a la vivienda.

La cuestión no es solo quién se ha beneficiado, sino qué ha fallado y cómo se responde. Existe una normativa reguladora del registro de demandantes de vivienda. ¿Es insuficiente? ¿Se ha eludido deliberadamente? Las leyes, por sí solas, no impiden el fraude si quienes deben aplicarlas no lo hacen correctamente.

Este no es solo un problema político, es también institucional. Afecta a responsables electos, a empleados públicos obligados a actuar con imparcialidad y a gestores privados que debían garantizar transparencia. La respuesta debe ser integral y contundente.

En el ámbito funcionarial no basta con un simple traslado: si hay irregularidades graves o conductas constitutivas de prevaricación, deben incoarse los expedientes disciplinarios, incluso con separación del servicio. La gestora de cooperativas debe actuar con contundencia frente al responsable que ha defraudado la finalidad social de la promoción, y la entidad implicada debería quedar excluida de futuras licitaciones por el uso indebido del suelo protegido. Y las responsabilidades políticas han de dirimirse sin ambigüedades.

Actuar con contundencia no debilita las instituciones; al contrario, preserva la confianza en el cuerpo de empleados públicos, en las cooperativas, en las empresas y en la propia acción política. De no hacerlo, se pierde el crédito institucional y se erosiona la confianza social.

Economista

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