La construcción al alza, pese a todo

La construcción vuelve a ocupar un lugar central en la actividad de Castellón, con promociones que avanzan en barrios en expansión y en municipios que habían permanecido años en stand by. Tras el desplome que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria, el sector ha ido recomponiéndose con más cautela, aprendiendo de excesos pasados y ajustando ritmos, pero sin renunciar a un protagonismo que históricamente ha tenido en la economía local.

Este nuevo impulso, sin embargo, no es idéntico al de otras etapas. Predominan los edificios con mayor equipamiento y más calidades, los pisos tienden a reducir superficie para hacer viable su comercialización en un mercado donde el poder adquisitivo marca límites claros. La obra nueva encuentra salida, sí, pero dentro de un nicho concreto: parejas con ingresos estables y suficientes, familias que venden una vivienda previa para mejorar la suya o compradores con respaldo económico. Para una parte importante de la población, especialmente jóvenes sin ahorros acumulados, el acceso sigue siendo complejo.

En paralelo a esta recuperación conviene no perder de vista un elemento que Mediterráneo ha venido subrayando con insistencia tomando como referencia a fuentes del propio sector: el peso de los sobrecostes que gravan de manera desmesurada la construcción de viviendas. La elevada tributación y la acumulación de exigencias normativas inciden de forma directa en el precio final. Cada proyecto soporta una cadena de tasas, impuestos y requisitos técnicos que, sumados, encarecen el proceso antes incluso de colocar el primer ladrillo. Materiales básicos como el cemento están sujetos a cargas específicas que incrementan su coste y, en consecuencia, el de toda la edificación. No se trata de cuestionar la necesidad de estándares de calidad o de sostenibilidad, sino de analizar si el equilibrio actual resulta razonable o si termina convirtiéndose en un lastre.

La paradoja es evidente: mientras se insiste en la necesidad de ampliar la oferta para contener precios y facilitar el acceso a la vivienda, se mantiene un marco fiscal y regulatorio que dificulta producir a costes competitivos. El mercado responde cuando hay demanda y expectativas de estabilidad, pero difícilmente puede corregir por sí solo los efectos de una estructura que encarece sistemáticamente cada promoción. Si el objetivo es que la vivienda nueva no sea un producto reservado a rentas altas, la reflexión sobre estos condicionantes debería ocupar un lugar prioritario en la agenda pública.

El momento actual invita al optimismo moderado. Hay actividad, inversión y empleo, y eso es una buena noticia para la provincia. Pero también exige memoria y análisis. La experiencia pasada demostró los riesgos de crecer sin medida; la coyuntura presente recuerda que crecer con exceso de cargas tampoco garantiza un mercado accesible. Entre ambos extremos se sitúa el reto de consolidar un sector sólido, capaz de generar riqueza y empleo, sin que el precio de cada vivienda incorpore un sobrepeso fiscal y normativo que termine alejando a quienes más necesitan acceder a ella.

Más allá del entusiasmo que despiertan las grúas en movimiento, el verdadero termómetro del sector no será el número de promociones iniciadas, sino la capacidad de ofrecer viviendas a precios razonables en un entorno regulatorio que sea, al menos, medianamente sensato.

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