Cuando el subsidio compite con el salario

Una sociedad decente debe proteger a quien cae, pero una sociedad inteligente debe evitar que quedarse quieto resulte más rentable que avanzar. La política social nace para ofrecer un suelo de dignidad, no para sustituir al trabajo como principal vía de progreso personal y colectivo. Cuando esa frontera se desdibuja, el problema pasa a ser estructural.

En los últimos años, España ha reforzado su red de ayudas, seguramente, con la mejor de las intenciones. Nadie discute que el Estado deba estar presente cuando la vida se pone difícil. El problema surge cuando determinadas prestaciones se acercan —o incluso superan— los ingresos más habituales del mercado laboral, como ya está ocurriendo en nuestro país. El mensaje implícito es peligroso: esforzarse, formarse o aceptar determinados empleos deja de compensar. Y los incentivos importan.

El problema surge cuando determinadas prestaciones se acercan —o incluso superan— los ingresos más habituales del mercado laboral

No se trata de señalar al que recibe una ayuda, sino de preguntarnos si el sistema está bien diseñado. Una economía sana premia el esfuerzo, el talento y el riesgo; una mal diseñada penaliza al autónomo que contrata, a la pequeña empresa que intenta crecer y al trabajador que madruga cada día para sostener con sus impuestos el conjunto del sistema.

Cuando eso ocurre, la dependencia se cronifica y la movilidad social se frena. Cada vez hay menos autónomos que sostienen el sistema y más personas sostenidas por el sistema, y esto, desde el sentido común, es absolutamente insostenible a medio plazo.

Otros países han entendido este dilema sin complejos. Alemania, por ejemplo, ha anunciado recientemente que retirará determinadas prestaciones a quienes rechacen reiteradamente ofertas de empleo adecuadas. No es una política punitiva, sino coherente: el Estado acompaña, orienta y protege, pero no reemplaza de forma permanente la responsabilidad individual. La ayuda es un trampolín, no un incentivo para no hacer nada de por vida.

El Estado acompaña, orienta y protege, pero no reemplaza de forma permanente la responsabilidad individual

España debe debatir medidas en esta misma dirección, desde la responsabilidad y pensando en el futuro. Es una oportunidad para abrir una conversación adulta, lejos del dogmatismo y de las trincheras ideológicas. Porque un país no prospera creando redes clientelares, sino oportunidades reales. Y porque la mejor política social no es la que perpetúa la dependencia, sino la que permite dejar de necesitarla y premia el esfuerzo y el talento.

Defender el trabajo no es insensibilidad social; es la base de una sociedad de ciudadanos libres.

*David García Pérez es alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista

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