Protección para nuestros sanitarios

Las agresiones al personal sanitario han dejado de ser un episodio puntual para convertirse en una inquietante rutina. El último caso ocurrido en Castelló (dos profesionales de ambulancia atacadas mientras atendían a un paciente durante las fiestas de la Magdalena) es un hecho lamentable y el síntoma visible de un problema más profundo que lleva años gestándose en el sistema sanitario.

Las cifras ayudan a dimensionar la gravedad del fenómeno. Según datos sindicales, ocho de cada diez trabajadores de la sanidad en la Comunitat Valenciana afirman haber sufrido algún tipo de agresión a lo largo de su carrera profesional. Estos números, trasladados a la provincia de Castellón, vendrían a poner de relieve que miles de médicos, enfermeros, celadores o administrativos han sido víctimas de insultos, amenazas o ataques físicos mientras desempeñaban su labor. No se trata, por tanto, de incidentes aislados ni de reacciones puntuales en momentos de tensión: la violencia se ha normalizado hasta el punto de repetirse varias veces en un mismo año para casi la mitad de los profesionales afectados.

Esta cronificación tiene consecuencias que van más allá del daño inmediato. Trabajar bajo la expectativa de una posible agresión deteriora el clima laboral, incrementa el desgaste emocional y dificulta la relación entre profesionales y pacientes. La sanidad, que debería ser un espacio de confianza y cuidado, corre el riesgo de convertirse en un entorno hostil para quienes la sostienen.

Otro dato inquietante es el silencio que rodea a muchos de estos episodios. Una parte significativa de los trabajadores opta por no denunciar las agresiones. El cansancio burocrático, la sensación de que el proceso no tendrá consecuencias reales o la percepción de falta de respaldo institucional alimentan esa resignación. Cuando la violencia se asume como parte del trabajo, el problema se invisibiliza y se perpetúa. Sobre la mesa se vienen poniendo varias opciones para resolver este asunto, pero está claro que sin una concienciación colectiva apelando a la conciencia cívica, siempre se nos escapará la solución. Está claro que no se puede poner escolta a cada sanitario, pero a todos nos compete que ejerciten su labor con seguridad.

Conviene, además, no perder de vista el contexto en el que se producen estas situaciones. Muchos profesionales señalan que la tensión no empieza con un grito o un empujón, sino antes: en las largas listas de espera, en la saturación de los centros de salud, en la dificultad para obtener una cita o en la frustración acumulada de pacientes y familiares. Nada de ello justifica la violencia, pero sí explica por qué se convierte en una reacción cada vez más frecuente ante un sistema que no siempre responde con la rapidez o la eficacia que los ciudadanos esperan. Las administraciones sanitarias han empezado a contabilizar y visibilizar estas agresiones, pero las estadísticas por sí solas no resolverán el problema. Hace falta reforzar los mecanismos de protección, facilitar las denuncias y, sobre todo, enviar un mensaje claro: agredir a un profesional sanitario no es una descarga de frustración tolerable, sino un ataque contra quienes sostienen uno de los servicios públicos más esenciales.

La sanidad se apoya en el compromiso diario de miles de trabajadores. Si quienes cuidan a los demás tienen que hacerlo con miedo, el sistema entero se resiente. Frenar esta deriva no es solo una cuestión de seguridad laboral; es una cuestión de respeto social, de civismo y de salud... también democrática.