La siniestralidad laboral, a examen

El mapa de la siniestralidad laboral en la provincia de Castellón vuelve a dibujar un patrón conocido, pero no por ello menos preocupante. Los datos aportados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que recogen las incidencias registradas entre enero y diciembre de 2025, confirman que la provincia finalizó el pasado ejercicio con 9.002 accidentes y volvió a superar una cifra que no se alcanzaba desde 2022. Asimismo, las estadísticas que baraja el ministerio evidencian que determinados sectores concentran de forma reiterada el mayor número de accidentes con baja, lo que obliga a una reflexión profunda sobre las condiciones de trabajo y la eficacia de las medidas preventivas.

La industria manufacturera encabeza, una vez más, esta estadística con 2.171 accidentes registrados en el último año. Se trata de un dato que no sorprende si tenemos en cuenta el peso estructural de este sector en la economía provincial, pero sí sirve de recordatorio de que la actividad industrial continúa arrastrando riesgos que no han sido suficientemente corregidos. La modernización tecnológica y los protocolos de seguridad no parecen estar avanzando al mismo ritmo que la exigencia productiva.

Tras la industria, el sector de la construcción acumula 1.254 accidentes, manteniéndose como uno de los ámbitos más expuestos. La temporalidad, la subcontratación y, en ocasiones, la presión por cumplir plazos siguen configurando un escenario propicio para los percances laborales. Tampoco el comercio, con 1.083 accidentes, queda al margen de esta realidad, lo que desmonta la idea de que solo los sectores tradicionalmente considerados duros concentran los peores datos de siniestralidad.

Especial mención merecen la agricultura (529 accidentes) y la hostelería (512), dos actividades clave en el tejido económico castellonense que superan el medio millar de incidencias. En ambos casos confluyen factores como la estacionalidad, la precariedad y, en muchos casos, una insuficiente cultura preventiva, lo que agrava la exposición de los trabajadores.

Pero más allá de los sectores más afectados, hay un dato que resulta especialmente revelador: la siniestralidad tiene un claro perfil. Son los trabajadores asalariados quienes sufren la inmensa mayoría de los accidentes. En 2025, los nueve fallecidos contabilizados en la provincia pertenecían a este colectivo, que además acumuló 8.657 percances. Frente a ello, los autónomos registraron 345 accidentes, una cifra notablemente inferior. Y a ello se suma el problema de las bajas laborales, que a nivel nacional, de 2017 a 2024, se incrementaron un 60%. En esta línea, aunque la mayor incidencia de incapacidades temporales sigue situándose en los problemas musculoesqueléticos y respiratorios, el incremento acumulado en salud mental es exponencial y preocupante, con más de un 80% de aumento.

En definitiva, los datos no solo describen una realidad, sino que interpelan a administraciones, empresas, agentes sociales y trabajadores para actuar en consecuencia con medidas a su alcance para poder disminuir los casos. La reducción de la siniestralidad no puede limitarse a campañas puntuales o a la mera formalidad normativa. Requiere un compromiso sostenido, inversión en prevención y, sobre todo, una revisión crítica de los modelos productivos en los que la salud laboral ocupa un segundo plano.

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