Injusto varapalo a la cerámica

La decisión de Bruselas de mantener el recorte máximo de emisiones gratuitas de CO2 para la cerámica confirma una sensación cada vez más extendida en el sector: la Administración europea escucha, pero no atiende. Y cuando finalmente decide, lo hace desde una lógica burocrática y uniforme que ignora la realidad industrial de territorios enteros como el de nuestra provincia, cuya competitividad depende de actividades para las que todavía no existen alternativas tecnológicas viables. El problema para la cerámica, en esta ocasión, no ha sido la falta de interlocución ni de apoyos. En los últimos meses se ha producido una movilización política, institucional y empresarial difícilmente discutible. La patronal Ascer activó una intensa agenda de reuniones con instituciones europeas y organizaciones empresariales; la CEOE respaldó las reivindicaciones; representantes del Parlamento Europeo de distintos grupos políticos participaron en la defensa del sector; y Castellón y la italiana Emilia-Romagna hicieron piña para escenificar en Bruselas una alianza inédita entre las dos grandes regiones cerámicas europeas.

Pocas veces el sector había logrado construir un frente tan amplio en torno a una reivindicación tan concreta: que la transición ecológica tenga en cuenta la realidad tecnológica de la industria. Porque el debate nunca ha sido si la cerámica debe avanzar hacia la descarbonización. El problema es otro: Bruselas exige acelerar una transformación para la que, sencillamente, todavía no existe una solución industrial sólida y competitiva. Y pese a ello, nada ha cambiado. La Comisión Europea ha mantenido intactos unos parámetros que, según el sector, supondrán un sobrecoste anual de entre 109 y 163 millones de euros para las azulejeras españolas entre 2026 y 2030. También la industria de fritas y esmaltes sufrirá un fuerte impacto económico. Las alegaciones presentadas no han modificado los borradores iniciales. Tampoco el amplio respaldo político cosechado durante estos meses.

Eso revela una segunda debilidad que va más allá de Bruselas: la evidente incapacidad para transformar el apoyo político en influencia real dentro de las estructuras comunitarias. Porque no basta con escenificar unidad institucional o acumular declaraciones favorables si, llegado el momento decisivo, la posición del sector no logra alterar ni una coma la propuesta europea. Ahí es donde emerge una incómoda realidad para España y para la Comunitat Valenciana. Mientras Italia ha elevado claramente el tono frente a Bruselas y ha mostrado una posición más combativa, la respuesta española ha sido comparativamente tibia. Y en la política europea, donde las decisiones se moldean a través de presión constante, alianzas estratégicas y capacidad de bloqueo, la diferencia entre protestar y condicionar es enorme.

La Comisión defiende que el sistema premia a las industrias más eficientes e incentiva a los que lideran la transición climática. Sobre el papel, encaja. El problema aparece cuando esa teoría se aplica a sectores que no parten con las mismas premisas tecnológicas. Penalizar emisiones puede impulsar cambios cuando existen alternativas energéticas maduras; cuando no las hay, el resultado no es una transición más rápida, sino una pérdida acelerada de competitividad. Y ese es el riesgo real que hoy afronta el azulejo: no contaminar más, sino producir menos. Bruselas deja ahora abierta la puerta a futuras revisiones por sectores. Es, en cierto modo, el reconocimiento implícito de que el sistema actual presenta carencias evidentes. Pero para muchas empresas esa rectificación podría llegar demasiado tarde.

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