Crítica y justicia

«Poner en peligro el Estado de derecho». Esa es la expresión. Pero qué llamativo resulta que, mientras los poderes ejecutivo y legislativo viven expuestos a la discusión pública, al escrutinio y a la crítica, todo cambia al dirigir la mirada hacia el poder judicial. En ese caso, quien lo hace se expone a ser acusado de erosionar el sistema democrático.

Se argumenta que los jueces están en otro plano, que no responden ante urnas ni tribunas, y que su función exige especial protección. No lo niego. Pero de ahí no se sigue que sus decisiones deban quedar blindadas a la crítica. Pues ni tienen garantía de infalibilidad ni sus decisiones están siempre al margen de sus marcos interpretativos. Porque lo que vemos, todo es más complejo: procedimientos que se alargan mientras otros se agilizan; pruebas evidentes que no se tienen en cuenta, al tiempo que en otros casos se obvian testimonios; condenas con meras suposiciones; líneas de investigación que aparecen cuando las que iniciaron el proceso se agotan; preguntas que, sin saber por qué, se declaran no procedentes... No hace falta poner nombres. Está a la vista de cualquiera, incluso de los que en público lo niegan. Basta con observar para que, en ocasiones, surja la sospecha ante algunos jueces.

La idea de que la justicia habita en una urna de cristal choca con la realidad de quienes la encarnan. Los jueces no son figuras abstractas, son personas con sus trayectorias, percepciones, convicciones e inclinaciones ideológicas. Hay ejemplos a la vista. También imágenes alarmantes, como la de aquel diputado, juez en excedencia, que, en la mesa del Congreso, se encaró, en actitud desafiante, con el vicepresidente de la Cámara. Sin convertirlo en prueba concluyente de nada, escenas como esta recuerdan que la justicia se encarna en sujetos concretos, en personas no siempre ejemplares que tienen en sus manos vidas y destinos.

Y entonces aparece una pregunta que todos nos hacemos en algún momento: ¿quién juzga a los jueces? No me refiero al sentido técnico de los recursos o de los mecanismos internos de revisión de sus decisiones, sino al plano último de la legitimidad democrática. Porque si la democracia deriva de la ciudadanía, también el poder judicial debe someterse al examen público. Pues como sugería el filósofo John Rawls, la estabilidad de las instituciones no depende de su inmunidad frente al desacuerdo, sino de su capacidad para ser justificadas ante ciudadanos que pueden discrepar razonablemente entre sí. Entonces, ¿por qué cuando la crítica se dirige a algunas resoluciones judiciales surgen reacciones como si se hubiera traspasado un umbral prohibido, como si cuestionar la justicia equivaliera a socavarla?

Frente a ese patrón tan extendido, creo firmemente que una democracia no se debilita por ser cuestionada: se debilita cuando determinados espacios quedan sustraídos a la crítica. La fortaleza del Estado de derecho no reside en blindar a instituciones como el poder judicial frente a esa crítica, sino en su capacidad de resistencia sin tener que recurrir a la descalificación o a la condena enérgica de quien la ejerce.

Profesor de Filosofía

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