El mejor plan, el pacto

Las comunidades autónomas, la gran mayoría gobernadas por el PP, y el Gobierno acordaron ayer poner en marcha el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030. Se pretende movilizar a través de él un total de 7.000 millones de euros, distribuidos a lo largo de los cinco años. Pese a algunas críticas, las comunidades del PP aceptaron la distribución de fondos y otorgaron su visto bueno al texto. El compromiso se cerró en la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, de la que forman parte los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas y el Gobierno, representado por la ministra Isabel Rodríguez. Los 7.000 millones del plan se destinarán a la construcción de pisos, la rehabilitación de edificios y a diferentes ayudas, entre ellas al alquiler.

El acuerdo sobre el Plan Estatal de Vivienda destaca, en el contexto de nuestra actualidad política, como una noticia singularmente positiva. Hay que saludar el acuerdo, en primer lugar, porque la vivienda constituye actualmente el problema que más inquieta a los ciudadanos. El aumento de los precios de los pisos, tanto de compra como de alquiler, se ha situado de forma continuada muy por encima del incremento de los salarios. Los precios están siendo impulsados al alza por la presión de una demanda que no se ve satisfecha por una oferta crónica y acumulativamente insuficiente. Todo ello se traduce en las graves dificultades y apuros con que tropieza hoy en España quien necesita una vivienda, algo que perjudica especialmente a los jóvenes que aspiran a emanciparse. El pacto alcanzado contempla que el 60% de los fondos los aporte el Ministerio de Vivienda, mientras el restante 40% vaya a cargo de las autonomías, a excepción del primer año, en que el desembolso corresponderá enteramente al Gobierno. La comunidad que más dinero recibirá será Andalucía, seguida de la Comunidad de Madrid y Cataluña.

En segundo lugar, aunque no por ello menos importante, cabe aplaudir el acuerdo alcanzado porque este es el primer gran acuerdo de la presente legislatura entre Gobierno y la oposición popular desde el de renovación del Consejo General del Poder Judicial de junio de 2024, que ya fue un hecho excepcional y bajo la mirada de Europa. Una legislatura caracterizada por un durísimo enfrentamiento, por la lucha sin cuartel, entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

De este modo, el acuerdo para destinar 7.000 millones a políticas de vivienda en toda España de momento solo constituye, de momento, una excepción. Pero que demuestra que, si realmente lo desean, y renuncian al beneficio a corto plazo que les rinde la polarización y vetar cualquier alternativa a ella, PP y Gobierno pueden alcanzar consensos e impulsar proyectos que aborden los grandes retos políticos que al país se le plantean. Un pacto así señala un modelo a seguir. Y oportunidades para hacerlo no faltarán; el escenario poselectoral en Andalucía es una de ellas, si ambos partidos fuesen consecuentes en sus alertas sobre los efectos de un Gobierno condicionado por Vox. Mientras no sea así, que los acuerdos de gran alcance entre los populares y el Ejecutivo de Sánchez emerjan como una auténtica rareza no es un buen síntoma. El conflicto constante que traslada la impresión de que políticos y gobernantes viven y actúan al margen de los problemas de la sociedad. Inevitablemente, ello debilita la confianza en las instituciones y contribuye a la desafección política.

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