Acuerdo necesario para la educación pública valenciana

La educación pública valenciana necesita un acuerdo. Lo necesita el profesorado, que ha expresado de forma masiva y sostenida su malestar. Lo necesitan las familias, que han dado respaldo visible a unas reivindicaciones que no se limitan al ámbito laboral. Lo necesitan los equipos directivos, llamados a sostener cada día la complejidad de los centros. Y lo necesitan, sobre todo, los alumnos, en un clima de incertidumbre de final de curso que debería resolverse cuanto antes.

La huelga indefinida iniciada el 11 de mayo ha tenido un seguimiento y una capacidad de movilización que nadie debería minimizar. Las manifestaciones masivas en València, con decenas de miles de personas según la Delegación del Gobierno, han demostrado que no se trata de una protesta episódica ni de un conflicto reducido a una parte del profesorado. La imagen de sindicatos, familias, alumnado y direcciones de centros compartiendo pancarta expresa una realidad difícil de ignorar: la comunidad educativa ha llegado unida a este punto y reclama una respuesta a la altura.

También debe reconocerse que la propuesta salarial planteada por el Consell supone un avance relevante. De materializarse en los términos anunciados, situaría al profesorado valenciano entre los mejor retribuidos de España. Ese dato no es menor y debe formar parte del análisis con honestidad. Pero un conflicto de esta naturaleza no se resuelve solo con una cifra, por importante que sea. La mejora salarial es una pieza decisiva, pero no la única. La educación pública reclama estabilidad, plantillas suficientes, atención adecuada al alumnado, reducción de sobrecargas, garantías de cumplimiento y una planificación que no dependa de urgencias sucesivas.

Prudencia y responsabilidad

La unidad sindical de todo el sector añade una dimensión que exige prudencia y responsabilidad. Cuando organizaciones con trayectorias y sensibilidades distintas mantienen una posición común durante semanas, el mensaje es que hay un problema de fondo que requiere algo más que comunicados, ofertas parciales o reproches cruzados. Del mismo modo, el apoyo de las asociaciones de madres y padres obliga a interpretar esta crisis como una preocupación compartida por el funcionamiento del sistema educativo, no como una mera disputa corporativa.

Por eso es imprescindible que todas las partes preserven el equilibrio. El Consell ha puesto sobre la mesa una mejora que merece ser valorada. Los sindicatos han conseguido visibilizar reivindicaciones que conectan con necesidades reales de la escuela pública. Las familias han recordado que el centro del debate debe ser la calidad del servicio educativo. Y los alumnos tienen derecho a preparar con serenidad, acompañamiento docente y certidumbre su final de curso.

Etapa de confianza

El objetivo inmediato no puede ser ganar el relato, sino firmar un acuerdo. Un pacto que permita desconvocar la huelga, recoja las reivindicaciones esenciales del sector, calendarice los compromisos, ofrezca garantías verificables y devuelva la normalidad a los centros. La normalidad, en este caso, no debe entenderse como un simple regreso a las aulas, sino como la apertura de una etapa de confianza entre la Administración y la comunidad educativa.

En este punto, el president Pérez Llorca tiene una responsabilidad decisiva. No para sustituir a nadie, sino para desbloquear políticamente una situación que ya ha superado el marco ordinario de una negociación sectorial. Cuando una huelga se prolonga, las manifestaciones se mantienen, las familias se incorporan y los equipos directivos expresan también su inquietud, el problema reclama una interlocución del máximo nivel institucional.

La educación pública es un pilar básico del Estado del bienestar. Su fortaleza no se mide solo en presupuestos, sino también en la capacidad de sus instituciones para escuchar, negociar y cumplir. La Comunitat Valenciana no puede permitirse que este conflicto se enquiste ni que el final de curso quede marcado por una fractura evitable. Hay una base para el acuerdo, hay margen para concretarlo y hay una comunidad educativa que ha demostrado madurez, firmeza y compromiso. Ahora hace falta voluntad política, generosidad negociadora y sentido común. La solución debe ser inminente.

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