Rovira avivó el caos en las aulas, ahora administra el dinero para remediarlo

Hay políticos que dejan una huella y otros dejan una circular, instrucciones contradictorias y una comunidad preguntándose quién consideró sensato confiar la Educación valenciana a un conseller con una ficha curricular universitaria donde la actividad académica parece haber pedido una excedencia indefinida. José Antonio Rovira pertenece a la escuela de los reformadores de despacho que entran en Educación hablando de libertad y salen hacia Hacienda dejando a los profesores con la duda de en qué idioma protestar.

Su trayectoria reciente tiene una belleza casi literaria: primero fue conseller de Educación; después, de Hacienda. Antes estaba al frente del problema; ahora se sienta sobre la solución. Prendió la mecha en una conselleria y ahora vigila el extintor desde otra.

Durante su etapa educativa, Rovira priorizó la llamada libertad de elección de lengua. La escuela pública valenciana creía necesitar menos ratios, más docentes, sustituciones rápidas, climatización, menos burocracia. Pero el conseller, con la clarividencia de quien siempre descubre el problema donde no está, decidió que la gran urgencia pedagógica era trocar la convivencia lingüística en consulta permanente y el aula en una trinchera identitaria.

La Ley 1/2024 de «libertad educativa» tenía una carga ideológica inequívoca: convertir el valenciano en sospechoso, la normalización lingüística en imposición y el pluralismo educativo en una tómbola. La libertad consistía, en realidad, en desactivar una política pública incómoda para quienes toleran el valenciano cuando adorna Fallas, Hogueras o Magdalena, pero se inquietan cuando entra en clase con derechos.

Se habló de libertad mientras se estrechaban las condiciones materiales para garantizarla. Un alumno no es más libre en un aula saturada. Una familia no gana libertad si su hijo espera una sustitución que no llega. Un profesor no enseña mejor con una batalla cultural. Y un director no dirige con entusiasmo calculando cómo cubrir bajas, atender familias, apagar conflictos y sobrevivir a circulares e inspectores.

Luego llegó la huelga docente. Y con ella, el momento en que la realidad llamó a la puerta. Miles de profesores salieron a la calle. No para reclamar una metafísica del bilingüismo, sino salario, ratios, plantillas, infraestructuras y respeto. La épica de la libertad lingüística se encontró de pronto con el prosaísmo de las nóminas, los barracones, la FP recortada y los equipos directivos al borde del portazo. Es difícil imaginar una escena más didáctica: el sistema educativo dando una clase práctica al antiguo conseller de Educación sobre la diferencia entre gobernar y agitar.

Y ahí aparece el segundo acto, todavía más refinado: Rovira en Hacienda. El mismo dirigente que desde Educación contribuyó a tensar la cuerda política de la enseñanza pública se convierte ahora en guardián del monedero. Antes podía vender principios. Ahora debe contar euros. Antes podía hablar de libertad con solemnidad de prócer. Ahora le toca explicar por qué esa libertad no viene acompañada de suficiente profesorado, mejores condiciones y compromisos presupuestarios verificables.

La escena recuerda a esos fontaneros de comedia que inundan la cocina, cobran la visita y luego vuelven vestidos de peritos para evaluar los daños. Rovira no creó todos los problemas de la educación valenciana, desde luego. Los heredó en parte: infraestructuras envejecidas, financiación autonómica deficiente, planes de obras lentos, desigualdades territoriales, abandono educativo, saturación burocrática. Pero gobernar consiste precisamente en decidir qué problemas se priorizan. Y su legado más visible no fue un gran pacto por la escuela pública, ni una revolución de la FP, ni una mejora incontestable de las condiciones docentes, sino una ley con perfume de cruzada cultural y una comunidad educativa más irritada que convencida.

La dana terminó de desnudar la fragilidad del sistema: centros dañados, alumnado desplazado, aulas prefabricadas, reconstrucción urgente. Ahí la retórica de la libertad se volvió casi obscena. Porque cuando una escuela funciona entre parches, barro administrativo y provisionalidad, lo primero no es preguntar a las familias en qué lengua prefieren el desconcierto, sino garantizar que sus hijos puedan estudiar con normalidad.

La educación pública valenciana no necesita liturgia ultraconservadora disfrazada de elección. Necesita inversión, estabilidad, respeto profesional y menos ocurrencias de laboratorio ideológico. Necesita que quien gobierne entienda que una lengua no es una amenaza, que un profesor no es un enemigo, que una huelga no es una molestia y que una escuela no se dirige como una reunión partidista.

Rovira mudó de despacho, pero arrastra la misma culpa. Abandonó Educación con la prepotencia mesiánica del que se cree un salvador y aterrizó en Hacienda con el pánico del moroso al que le estallan las facturas en la cara. Su dilema actual es patético: o respalda con dinero una política real y permite que Educación negocie algo más que buenas palabras, o sigue parapetado tras el cinismo de culpar a los sindicatos. Para lo primero se exige decencia institucional y algo parecido a competencia administrativa, combinación de la que hasta ahora ha carecido; para lo segundo, le basta con encender el ventilador de la basura, recitar un panfleto ideológico y rezar para que los alumnos hacinados en barracones no tengan derecho al voto.