La sanidad penitenciaria en crisis

La sanidad penitenciaria enfrenta una situación crítica: entre el 67% y el 72% de las plazas médicas están vacantes por jubilación y el panorama empeorará en los próximos cinco años, cuando se jubile más de la mitad del personal restante. La falta de reposición es alarmante: en la última Oferta Pública de Empleo (OPE) solo se cubrieron 6 de las 89 plazas ofertadas.

A agosto de 2025, 15 de los 80 centros penitenciarios de España carecían totalmente de médico, con lo que la carga asistencial se traslada a los enfermeros de estos centros y a los servicios de salud autonómicos, cuando están ya sobrepasados. Esta carencia es especialmente grave dado el hacinamiento y las condiciones de vida en las prisiones.

A agosto de 2025, 15 de los 80 centros penitenciarios de España carecían totalmente de médico

El principal motivo de esta fuga de profesionales es la brecha salarial (unos 1.500 euros brutos menos al mes de media) respecto a las comunidades autónomas, sumado a la falta de carrera profesional y la peligrosidad no reconocida.

Ante la falta de médicos, el resto del personal sanitario asume tareas sin amparo legal. Enfermería: Es el colectivo más afectado. Realiza funciones que rozan el intrusismo profesional bajo eufemismos como «transcripción» en lugar de prescripción, basándose en un reglamento de los años 90. Se ven obligados a realizar triajes y «pseudodiagnósticos» de patologías agudas y crónicas (diabetes, HTA, etc.) para decidir la urgencia de los casos y, si precisan atención médica urgente, derivarlo al hospital.

Esta sobrecarga ya tiene precedentes legales: el TSJ andaluz obligó a Instituciones Penitenciarias a indemnizar a enfermeros del Centro Penitenciario de Sevilla por el exceso de trabajo.

Un solo médico, a través de una pantalla, debe gestionar urgencias, ingresos y consultas de hasta cuatro centros

La respuesta oficial ha sido la implantación de la telemedicina. Un solo médico, a través de una pantalla, debe gestionar urgencias, ingresos y consultas de hasta cuatro centros simultáneamente durante una guardia, delegando la valoración física presencial en el personal de enfermería.

En contraposición, las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco, con las transferencias ya completadas de la sanidad penitenciaria a sus respectivos servicios de salud autonómicos, no presentan déficits de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de personal funcionario tan alarmantes dado que las vacantes se cubren como cualquier otro profesional del servicio de salud y los salarios son los mismos. Veintitrés años después, se sigue incumpliendo la ley 16/2003 de cohesión y calidad del sistema nacional de salud en la sanidad penitenciaria.

*Mercedes Jiménez Pérez es delegada de la Junta de Personal de Castellón por CCOO

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