Opinión | La ventana de la UJI
Cuando el derecho penal se moja: la 'Posidonia' como frontera
La Posidonia oceanica, una planta marina protegida, conocida como el «pulmón azul» del planeta, se ha convertido en los últimos meses en el epicentro de una intensa actividad académica e institucional liderada por nuestra universidad, la Universitat Jaume I, al combinar ciencia marina, derecho ecológico y persecución penal del daño ambiental. Desde el Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul de la Universitat Jaume I y el Centro de Investigación de Derecho Penal, Criminología e Inteligencia, hemos impulsado un programa de actividades orientadas a mejorar tanto la eficacia como la eficiencia de los recursos disponibles para salvaguardar a esta especie protegida de especial importancia planetaria. En el último mes se han celebrado dos jornadas que muestran cómo la teoría jurídica puede y debe traducirse en herramientas prácticas para quienes protegen nuestros mares sobre el terreno.
El pasado 16 de junio, el SEPRONA y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Castellón participaron en el seminario «Protección penal de la Posidonia oceánica», celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la UJI, una jornada enmarcada dentro de la Microcredencial Universitaria en Criminología Azul y Protección Marina, la primera en todo el Estado. La jornada reunió a especialistas jurídicos, académicos y policiales para analizar tanto los mecanismos de protección de esta especie como las técnicas de investigación de los delitos que la amenazan. La finalidad era no solo realizar una formación teórica, sino aportar criterios claros para distinguir un daño administrativo de una conducta penalmente relevante, y esa es precisamente la brecha que intentamos cerrar desde la universidad.
Formación práctica en el Mediterráneo
Dos semanas después, el 30 de junio, el Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul llevó ese mismo enfoque a Sant Antoni de Portmany en la isla de Ibiza, donde reunimos a técnicos y responsables de la gestión ambiental de las Pitiusas para abordar la aplicación práctica del Real Decreto 191/2026 de protección de la posidonia. Al encuentro asistieron representantes del Govern de les Illes Balears, los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep de sa Talaia, Ports de les Illes Balears, el Servicio de Agentes de Medio Ambiente, Agentes de Medio Ambiente del MITECO y entidades sociales como el GEN-GOB o Salvem sa Badia. En esta jornada, que fue muy bien recibida, se analizó el nuevo Real Decreto que supone un importante avance en la protección de los ecosistemas marinos, pero su eficacia dependerá de la formación de los profesionales encargados de aplicarlo y de la coordinación entre todas las administraciones competentes.
El programa de la jornada impartida en Sant Antoni se estructuró en cuatro bloques —marco normativo, ecología de las praderas, protección penal de los delitos ambientales y técnicas de detección y valoración de daños— porque, como sostengo desde hace años, «la protección de la posidonia exige una respuesta integral en la que confluyen el conocimiento científico, el derecho ecológico y la capacidad de investigación de los daños generados». Contamos, además, con la colaboración del profesor César Bordehore, profesor titular de la Universitat d’Alacant y director de MarLab-Dénia, quien indicó que «las praderas de posidonia constituyen uno de los ecosistemas más importantes del Mediterráneo por su extraordinaria biodiversidad y por los servicios ambientales que prestan, desde la protección del litoral hasta la captura de carbono».
Una microcredencial que ya da frutos
La apuesta institucional por esta propuesta, tanto formativa como de investigación, ha sido notable: desde el Aula IbizaPreservation y el Laboratorio de Gobernanza Azul de la Universitat Jaume I se han incrementado las actividades durante estos dos últimos años, colaborando con otras entidades como el COB-CSIC, IATS-CSIC, CEAB-CSIC, SOCIB e IMEDEA-UIB, una propuesta con la finalidad de potenciar la eficacia de las respuestas ante infracciones sobre nuestro medio marino. Esas respuestas deben de estructurarse con una base científica y por ello, además, se lanzó la microcredencial impulsada por el Aula que acaba de finalizar, con 16 estudiantes, en su mayoría personal técnico de entidades de Baleares, y que se ha convertido en la primera titulación de este tipo centrada específicamente en criminología azul. Este modelo demuestra que la investigación universitaria puede y debe salir de las aulas para formar directamente a quienes, cada día, deciden si una actividad sobre el litoral constituye una simple infracción administrativa o un delito ecológico con consecuencias irreversibles.
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