El coste social de la precariedad

Pocas cuestiones explican mejor el deterioro social de los últimos años que la vivienda. Su encarecimiento no solo dificulta la emancipación de los jóvenes o la compra de un inmueble, sino que está empujando a muchas familias trabajadoras hacia una situación de vulnerabilidad permanente. Es el principal factor que Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón ha identificado detrás de una pobreza cada vez más cronificada. La advertencia lanzada por la oenegé tras analizar la evolución de este primer semestre del año no constituye una simple actualización estadística de su memoria anual. El documento viene a reflejar una realidad que comienza a consolidarse y que debería preocupar mucho más allá del ámbito de las organizaciones sociales. La pobreza ya no responde únicamente a la falta de empleo, sino a una combinación de factores que hace cada vez más difícil abandonar la exclusión incluso para quienes consiguen incorporarse al mercado laboral.

Durante décadas, el trabajo fue la principal herramienta de integración social. Tener un empleo permitía construir un proyecto de vida, acceder a una vivienda, formar una familia y afrontar el futuro con una razonable estabilidad. Ese vínculo se ha debilitado hasta el punto de que hoy disponer de un contrato ya no garantiza escapar de la vulnerabilidad cuando los salarios resultan insuficientes, la temporalidad impide planificar el futuro y el acceso a la vivienda se convierte en un objetivo inalcanzable.

La evolución del mercado inmobiliario agrava esa situación. El incremento continuado de los alquileres y de los precios de compra ha transformado la vivienda en el principal factor de desigualdad para miles de familias. No se trata únicamente de un problema económico. Sin un hogar estable resulta extraordinariamente complicado mantener un empleo, desarrollar un proyecto familiar o garantizar unas condiciones mínimas para el bienestar de los menores. La vivienda ha dejado de ser solo un bien patrimonial para convertirse en un elemento decisivo de cohesión social.

A ello se suma un mercado laboral que continúa ofreciendo demasiadas oportunidades marcadas por la inestabilidad. Los contratos de corta duración, los salarios reducidos y la elevada rotación afectan especialmente a quienes ya parten de una situación de mayor vulnerabilidad. La consecuencia es un círculo difícil de romper en el que los ingresos nunca alcanzan para consolidar una mínima estabilidad y cualquier contratiempo devuelve a muchas personas al punto de partida. Pero las consecuencias trascienden el plano económico. La incertidumbre permanente acaba deteriorando la salud mental, genera ansiedad, debilita las relaciones familiares y condiciona el desarrollo de niños y adolescentes que crecen en entornos marcados por la inseguridad. La exclusión deja entonces de ser una circunstancia pasajera para convertirse en una realidad que amenaza con transmitirse de una generación a otra.

El diagnóstico que plantea Cáritas merece ser escuchado porque nace del contacto cotidiano con quienes viven estas dificultades y porque coincide con una tendencia que reflejan numerosos estudios sociales. La cronificación de la pobreza exige respuestas que vayan más allá de la asistencia inmediata. Incrementar la oferta de vivienda asequible, favorecer un empleo más estable y mejor remunerado y reforzar las políticas de inclusión no son objetivos independientes, sino piezas de una misma estrategia.

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