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Opinión | TRIBUNA VECINAL

La ocupación ilegal de viviendas

La ocupación ilegal de viviendas es una realidad que preocupa a numerosos vecinos de Castellón. No se trata únicamente de una cuestión de propiedad privada, sino también de convivencia, limpieza, seguridad y confianza en las instituciones. Cuando una persona o una familia ve cómo su vivienda es ocupada sin consentimiento, se inicia un proceso que genera incertidumbre y, por desgracia, una sensación de desprotección.

Ante esta situación, resulta imprescindible una respuesta clara desde el ámbito nacional. España necesita un marco legal eficaz que permita actuar con mayor rapidez frente a la ocupación ilegal, diferenciando siempre entre quienes cometen una infracción y las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad y necesitan apoyo social. La ley debe ofrecer seguridad jurídica a los propietarios y garantías para quienes realmente requieren protección.

Durante demasiado tiempo, muchos ciudadanos han percibido que los procedimientos son lentos y que recuperar una vivienda puede convertirse en un camino largo y complejo. Esta sensación de falta de respuesta alimenta la preocupación vecinal y deteriora la confianza en el sistema. Necesitamos una legislación nacional más ágil que permita que las administraciones y los cuerpos de seguridad dispusieran de herramientas más eficaces para intervenir cuando se vulnera el derecho legítimo de un propietario.

Los barrios de Castellón necesitan soluciones, no enfrentamientos. La defensa de la vivienda como espacio de seguridad familiar y patrimonio personal debe ir acompañada en todos los casos de políticas sociales que eviten que las personas más vulnerables queden excluidas del acceso a un hogar digno.

Garantizar la convivencia exige actuar con equilibrio: proteger a los vecinos que cumplen la ley, perseguir la ocupación ilegal y ofrecer alternativas a quienes se encuentran en situaciones de necesidad. La vivienda es un derecho social, pero también lo es la tranquilidad de quienes trabajan y cumplen para mantener la suya.

Una ley nacional clara, eficaz y justa contribuiría a recuperar la confianza de los ciudadanos y a que los barrios de Castellón vuelvan a ser espacios donde la convivencia y el respeto a la legalidad sean la base de la vida cotidiana.

Presidente de la Associació Veïnal i Esportiva Venta Nova. Vocal de Coasveca

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