Apoyo acrítico a Zapatero

La investigación sobre el rescate de la compañía aérea Plus Ultra incorpora las declaraciones de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, quien tanto en su escrito de colaboración con la justicia como posteriormente ante el juez ha atribuido a José Luis Rodríguez Zapatero un papel central en las gestiones relacionadas con la operación. Según su versión, el expresidente dirigía la estrategia de la consultora Análisis Relevante, intervenía en la captación de clientes y en las gestiones vinculadas al rescate y había acordado percibir una comisión equivalente al 1% de la ayuda concedida.

Será la justicia la que determine si esas declaraciones son creíbles y cómo encajan con el resto de las pruebas. Pero lo relevante desde el punto de vista político es que ahora la investigación incorpora informaciones coincidentes de varios investigados que, al menos provisionalmente, refuerzan la línea seguida por el juez instructor y dibujan un papel del expresidente muy distinto del que él mismo ha sostenido hasta ahora, limitado a tareas de asesoramiento. El Gobierno sigue defendiendo que el rescate de Plus Ultra se ajustó a la legalidad y que el expediente fue tramitado conforme a los procedimientos establecidos. Y si bien la reacción inicial fue atribuir la investigación a una estrategia de lawfare, tanto el Gobierno como el PSOE rectificaron rápidamente para centrar su posición en la presunción de inocencia y en la confianza hacia el expresidente. El avance de la instrucción, sin embargo, plantea nuevas exigencias.

La primera corresponde al propio Zapatero. Las nuevas declaraciones le atribuyen funciones de dirección en Análisis Relevante, una participación activa en las gestiones relacionadas con el rescate, el conocimiento anticipado de decisiones relevantes y un sistema de remuneración vinculado a la operación. Si sostiene que su papel se limitó a tareas de asesoramiento, la discrepancia entre esa versión y las declaraciones incorporadas a la investigación requiere una respuesta más detallada por su parte que una simple negativa.

La segunda exigencia alcanza al Gobierno. La apelación a la legalidad del rescate y a la presunción de inocencia no basta, por sí sola, para responder a los nuevos elementos que incorpora la investigación. Corresponde al Ejecutivo explicar por qué considera que esas nuevas declaraciones, que contradicen la versión mantenida por Zapatero, no alteran su valoración del caso ni justifican revisar el respaldo político al expresidente. Mientras esa explicación no llegue, el apoyo del Gobierno y del PSOE resultará cada vez más difícil de distinguir de un respaldo acrítico.

Ahí reside el principal riesgo para el PSOE y para el Gobierno. Porque este caso no se produce de manera aislada, sino que se suma a una sucesión de investigaciones que afectan a personas de su entorno. Una acumulación que incrementa el desgaste y reduce el margen para responder únicamente remitiéndose al desenlace de los procedimientos judiciales. Al mantener su respaldo a Zapatero sin exigir ni ofrecer explicaciones sobre los nuevos elementos que incorpora la investigación, el Gobierno y el PSOE convierten el desgaste del expresidente en un problema propio y comprometen aún más una credibilidad ya erosionada, también ante sus socios de gobierno.

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