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Opinión | EDITORIAL

Las cuentas del Imserso

El Imserso se ha convertido en una pieza demasiado importante para la actividad turística de Castellón como para que su futuro dependa de un modelo económico que los propios hoteles consideran inviable. La advertencia de la patronal hotelera, sobre la escasa rentabilidad de este programa estatal no debería interpretarse únicamente como una reivindicación empresarial sobre el precio de las plazas, sino como la consecuencia de un problema que afecta directamente a la capacidad de la provincia para mantener actividad y empleo durante los meses de menor demanda.

Castellón tiene una dependencia especialmente acusada de la temporada alta y, precisamente por ello, cualquier instrumento que permita mantener abiertos los hoteles en invierno adquiere una relevancia que trasciende a las cuentas de explotación de cada establecimiento. El turismo sénior aporta ocupación cuando el sol y la playa dejan de ser suficientes y contribuye a sostener puestos de trabajo, proveedores y actividad económica durante unos meses en los que buena parte de la oferta turística afronta una fuerte caída de la demanda. El problema es que esa función no puede sostenerse indefinidamente sobre las pérdidas de las empresas. Si un programa público fija unas condiciones económicas por debajo de los costes reales del servicio, el resultado termina siendo previsible. Primero se reduce el número de hoteles participantes, después disminuyen las plazas disponibles y finalmente algunos establecimientos optan por cerrar en invierno, que es lo que viene sucediendo cada vez con más intensidad. No se trata de una amenaza retórica si, como dice el sector, la diferencia entre lo que se paga y lo que cuesta el servicio se ha ampliado de manera considerable en los últimos años.

La cuestión exige además superar una cierta inercia. Mantener durante años unas tarifas prácticamente congeladas mientras aumentan, por pura lógica, los costes de personal, suministros, alimentación y funcionamiento no es una política de estabilidad, sino una forma de trasladar progresivamente el coste del programa a las empresas que lo ejecutan. Y ese planteamiento tiene un límite evidente. El Imserso es una política social y turística de indudable utilidad, pero su financiación no puede descansar de manera indirecta sobre un sector privado al que se exige prestar el servicio por debajo de su coste. Para Castellón, las consecuencias de no corregir esta situación serían especialmente negativas. Menos hoteles abiertos en invierno significaría menos empleo estable, menos actividad en municipios turísticos y una mayor concentración de la actividad durante los meses de verano. Precisamente cuando el sector lleva años reclamando medidas para desestacionalizar el turismo, sería contradictorio permitir que uno de los principales instrumentos para conseguirlo pierda capacidad por falta de una actualización económica. La solución tampoco pasa únicamente por aumentar una tarifa. El programa necesita unas condiciones que aporten previsibilidad a los hoteles y permitan planificar su actividad con suficiente antelación. Una revisión periódica de los precios vinculada a la evolución de los costes, una mejor garantía de ocupación durante los meses más difíciles y un diálogo real con el sector serían medidas más razonables que mantener un modelo que cada temporada pierde participantes.

El debate, por tanto, no debería plantearse entre el Imserso y los hoteleros, sino entre un programa sostenible y otro que corre el riesgo de quedarse sin capacidad para cumplir sus objetivos.

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