De Jaume I a Pérez Llorca: nueve meses para crear un Derecho, diez meses para no defenderlo

Hay conmemoraciones que engrandecen a las instituciones y otras que ponen en evidencia a quienes las protagonizan. El 750 aniversario de la muerte de Jaume I debiera servir para recordar qué hizo el fundador del Reino de Valéncia. No solo conquistó un territorio: lo dotó de personalidad jurídica propia, instituciones diferenciadas y un Derecho valenciano llamado a convertirse en ley general del nuevo Reino.

Por eso resulta contradictorio homenajear a Jaume I mientras el Molt Honorable President de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, no impulsa la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano. Estamos ante un «contrafur» político: no en su sentido técnico medieval, sino como expresión de la contradicción entre quien encarna nuestro autogobierno y la falta de defensa de uno de sus objetivos estatutarios.

La conquista de Valéncia en 1238 estuvo acompañada de una operación constitucional acometida por juristas de la Cancillería Real. Vicent García Edo atribuye a Pere Albert un papel decisivo en la redacción de la Costum, promulgada a finales de octubre probablemente. No era un reducido fuero municipal para el cap i casal: constituía ya un extensísimo cuerpo legislativo de alrededor de 1.500 disposiciones, concebido para dotar de Derecho propio a la ciudad y al nuevo Reino. Durante el reinado de Jaume I aquel ordenamiento fue extendiéndose territorialmente, desplazando otros fueros de origen aragonés o catalán.

En 1261, ya con su denominación de Furs, Jaume I no creó un Derecho nuevo. Revisó el ordenamiento, añadió y modificó fueros, impulsó su traducción al romance, lo juró ante las Corts y vinculó a sus sucesores. En 1271 reforzó su carácter pactado, limitando su modificación unilateral. Ese fue su mayor legado político: crear un Reino jurídicamente diferenciado y garantizar la continuidad de su Derecho.

Setecientos cincuenta años después, el Estatut conserva aquella memoria jurídica. Su artículo 7 ordena procurar la recuperación de los contenidos de los Furs; el artículo 49.1.2.ª atribuye a la Generalitat competencia exclusiva sobre el Derecho Civil Foral Valenciano; y la disposición transitoria tercera contempla la recuperación y actualización de la normativa foral histórica. No es una reivindicación sentimental, sino un mandato estatutario de autogobierno.

Les Corts aprobaron en 2020 una proposición de reforma constitucional para hacer efectiva esa competencia. Pero desde octubre de 2025 existe un hecho que convierte la inacción en difícil de explicar, a la vista de que el 21 de octubre de 2025, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, remitió una carta a Les Corts solicitando que designaran a los diputados valencianos encargados de acudir al Congreso y defender aquella reforma. No era una carta protocolaria: era la comunicación necesaria para reactivar una iniciativa valenciana paralizada durante años y permitir que sus promotores comparecieran ante el Congreso.

Han transcurrido casi diez meses —más de 300 días— y Les Corts continúan sin designar esa delegación. No se pide al President redactar unos nuevos Furs ni diseñar una reforma desde cero. Se le pide liderazgo para que la Cámara valenciana atienda el requerimiento de la Presidencia del Congreso: elegir a sus representantes y permitirles defender una propuesta aprobada por Les Corts.

La comparación resulta inevitable: en nueve meses, cerca de 1.500 normas; en diez meses, ni siquiera una respuesta. Lo que Jaume I y sus juristas fueron capaces de construir mientras nacía un Reino contrasta con la incapacidad actual para culminar un trámite parlamentario.

Pérez Llorca sostiene que comparte el objetivo, pero considera que no es el momento de reformar la Constitución. El argumento resulta todavía más difícil de sostener después de que, el 19 de mayo de 2026, la Constitución fuera reformada para reconocer a Formentera representación propia en el Senado. Si pudo modificarse para atender esa legítima aspiración, no puede presentarse la reforma como un peligro cuando se pretende recuperar una competencia proclamada por nuestro Estatut.

El President representa institucionalmente a todos los valencianos. Su obligación no es preguntarse qué reivindicaciones resultan cómodas para Génova o Madrid, sino defender el autogobierno establecido por nuestro Estatut.

Ahí reside la paradoja de 2026. Jaume I impulsó los Furs, los amplió, los hizo traducir, los juró y vinculó a sus sucesores. Setecientos cincuenta años después, un President que homenajea su figura considera que no es el momento de defender aquel legado.

Ese es el auténtico «contrafur» político.

President Pérez Llorca: hágalo ya. Impulse la respuesta a Francina Armengol, desbloquee la designación de los diputados y garantice que la voz de Les Corts se escuche en el Congreso. Escuche a la sociedad civil y no permita que el próximo 9 d’Octubre celebremos nuestro autogobierno mientras seguimos sin defender aquello que Jaume I comenzó a construir hace casi ocho siglos: nuestro Derecho propio y valenciano.

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