Prevención y gestión de la crisis ceutí

A finales de julio, más de 70.000 personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos, desbordando los dispositivos de seguridad y acogida y provocando más de un centenar de muertes. El refuerzo policial y militar permitió recuperar el control de la frontera y muchos de los llegados han regresado, pero varios miles permanecen en la ciudad, entre ellos más de 2.000 menores, lo que mantiene la presión sobre los servicios públicos y condiciona la vida de los ceutís.

Lo ocurrido pone de manifiesto la ausencia de prevención. Tras la crisis de 2021, el Gobierno anunció un plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla destinado a mejorar la prevención y la coordinación ante situaciones de esta naturaleza, pero cinco años después sigue sin haberse desarrollado de forma efectiva. No puede exigirse al Ejecutivo que anticipara las circunstancias concretas de la entrada masiva, pero sí que hubiera preparado una respuesta para un riesgo ya conocido. La designación de Ángel Víctor Torres como coordinador de la crisis varias semanas después muestra que la coordinación también llegó tarde. E igualmente resulta difícil justificar la negativa de los ministros responsables a comparecer en el Senado, pese a que sí lo harán en el Congreso, cuando el control parlamentario corresponde a ambas cámaras.

Esta falta de previsión tiene también consecuencias sobre la gestión de quienes permanecen en Ceuta. Los retornos de los mayores de edad deben agilizarse cuando concurran las condiciones legales, porque no resulta sostenible que miles de personas permanezcan durante meses en la ciudad sin una resolución sobre su situación. En el caso de los menores no acompañados, no caben devoluciones automáticas o colectivas, sino que debe valorarse individualmente su interés superior y garantizarse, si procede el retorno, que existan condiciones adecuadas de protección en Marruecos. El Tribunal Supremo ya declaró ilegales las devoluciones de 2021 por incumplir estas garantías. No obstante, la experiencia actual aconseja revisar el marco legal para establecer procedimientos específicos ante entradas masivas, siempre dentro del derecho europeo, y repartir entre las comunidades autónomas la atención de los menores que deban permanecer en España.

La crisis debe analizarse también en el contexto de la relación con Marruecos, que mantiene públicamente su reivindicación sobre Ceuta y Melilla. Aunque no pueda afirmarse que la entrada masiva respondiera a una decisión premeditada de Rabat, la presión migratoria no puede desvincularse de una relación en la que existe una disputa territorial. España debe mantener la cooperación con el reino alauí para gestionar los flujos migratorios, pero también preservar su capacidad para proteger las fronteras, defender su soberanía y actuar con autonomía.

La principal conclusión de la crisis de Ceuta es que la prevención no puede reducirse a reforzar los medios cuando la crisis ya se ha producido. España necesita una política estable para su frontera con Marruecos que integre seguridad, coordinación institucional, capacidad de acogida, procedimientos de retorno y cooperación, en tanto que frontera exterior de la Unión Europea. La cuestión no es solo cómo se ha gestionado esta crisis, sino por qué, después de 2021, el Estado no estaba mejor preparado para afrontarla y quién debe asumir la responsabilidad política por ello.

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