Presidente ausente

Pedro Sánchez retoma hoy el trabajo después de 27 días de vacaciones, tras una crisis en Ceuta que ha puesto bajo una presión excepcional a la ciudad y a las instituciones del Estado. El presidente tiene derecho a descansar y ese derecho no debe objetarse. La cuestión es si, ante una crisis de esta magnitud, ese descanso podía mantenerse sin una presencia presidencial mucho más intensa.

Lo sucedido en Ceuta no es solo una crisis migratoria ni una emergencia humanitaria. Es también una crisis de seguridad que afecta directamente a la integridad territorial y a la soberanía española. El propio Sánchez habló el pasado 31 de julio de un ataque a la integridad territorial de España. Una dimensión que exigía una implicación política continuada del presidente.

Sin embargo, después de aquella comparecencia y de su visita a Ceuta, su presencia pública ha quedado limitada a dos reuniones telemáticas durante sus vacaciones delegando toda la gestión en sus ministros e ignorando que hay asuntos y circunstancias que por su naturaleza, corresponden al presidente. Y la defensa de las fronteras, la soberanía y la integridad territorial, así como la relación con un Estado que mantiene reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, forman parte de ese ámbito. Por ello cuando Rabat reitera esa reclamación el presidente debe afirmar con claridad la soberanía española.

El problema, por tanto, no es cuántos días de vacaciones puede tomarse el presidente del Gobierno, sino si 27 días son compatibles con el ejercicio de su responsabilidad ante una crisis que afecta a la seguridad, la soberanía y la integridad territorial del Estado. Esa responsabilidad no se limita a gestionar la emergencia, sino que también exige prevenirla. Tras la crisis del año 2021, el Gobierno conocía el riesgo y anunció un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, pero no desarrolló los mecanismos de prevención y coordinación previstos. Una falta de previsión que, sumada a la escasa implicación presidencial durante la crisis, constituye una grave irresponsabilidad política.

Astrid Barrio es politóloga

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