El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, defendió ayer en el Congreso de los Diputados la "apertura ordenada y progresiva" de algunas zonas de pesca afectadas por el Prestige en las que los análisis son positivos. Los grupos de la oposición consideraron la medida precipitada y las cofradías de pescadores reclamaron más garantías para levantar la veda.
Cañete matizó que la decisión se tomará tras dialogar con las cofradías y valorar los datos aportados por las observaciones aéreas y los buques oceanográficos y el análisis de las aguas.
Cañete advirtió que el cese de actividad perjudica al sector pesquero y que no hay razones objetivas para prolongar la veda general. "Habrá zonas en el Cantábrico y en la Costa de la Muerte donde a lo mejor no se puede abrir. Cuesta mucho explicarle a la Unión Europea que estamos utilizando fondos comunitarios para financiar paradas temporales en zonas donde los análisis de agua señalan que no hay contaminación", objetó el ministro.
DECISIÓN PRECIPITADA
Los portavoces de IU y BNG calificaron de "prematura" la apertura de caladeros mientras llegue fuel a las costas. Advirtieron de que si por precipitación se ponen a la venta de productos afectados por el chapapote, recuperar el mercado costaría años.
El representante socialista, Ceferino Díaz, subrayó que por mucho que el Gobierno necesite restaurar cuanto antes la sensación de normalidad, no puede arriesgar la credibilidad del sector. "Hacer una apertura sin garantías, sin un programa de limpieza de fondos marinos o una evaluación exhaustiva de su estado es una temeridad", denunció.
Las cofradías de pescadores del norte de la ría de Arousa acordaron aguardar hasta, al menos, el 17 de febrero para reanudar la pesca y el marisqueo. De paso rechazan la propuesta de la Xunta de Galicia de reabrir el 3 de febrero las zonas prohibidas.
Los marineros argumentan que no hay estudios definitivos sobre el estado de los fondos marinos. Esperan un informe de las universidades de Santiago y Vigo para contrastarlo con los de la Xunta, ya que no quieren arriesgarse a trabajar si las condiciones no son óptimas.
Sus compañeros de la zona sur se muestran más abiertos a las tesis del Gobierno gallego y estudian un calendario para volver a faenar antes. Temen que el consumidor se acostumbre al pescado importado, más barato aunque de peor calidad.
