El Gobierno no da su brazo a torcer por más que se lo exijan los jueces próximos al PP. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley contra la violencia doméstica haciendo oídos sordos a las críticas de los miembros conservadores del Poder Judicial, cuyas recomendaciones, en este caso, no son vinculantes.

La ley --que todavía tiene que ser ratificada en las Cortes y no entrará en vigor hasta el año que viene-- mantiene la discriminación positiva y sólo considera víctimas a las mujeres. Únicamente los magistrados conservadores están en desacuerdo con este extremo, que, sin embargo, ha sido aplaudido por jueces progresistas, sindicatos y feministas. El Ejecutivo tampoco ha dado marcha atrás en los otros dos aspectos polémicos de la norma. El primero: crear juzgados específicos para maltratadas. El segundo: considerar delito las amenazas y coacciones leves en el ámbito doméstico siempre y cuando el autor sea un hombre. Si es una mujer, seguirán siendo faltas. Estas no están penadas con cárcel, al contrario de lo que sucede con los delitos.

Este último punto ha sido rechazado no sólo por los jueces conservadores --que dudan de su constitucionalidad-- sino también por los progresistas. El revuelo que se ha organizado es de tal calibre que, con toda probabilidad, este apartado sufrirá alguna modificación a lo largo de la tramitación parlamentaria. Es decir, se buscará algún mecanismo judicial para que el artículo conserve su filosofía, pero no provoque tantas críticas.

Así quedó claro ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega añadió que el Ejecutivo "estará abierto en la tramitación parlamentaria a introducir mejoras técnicas".

En cualquier caso, esas mejoras técnicas no variarán el espíritu de la norma. El Gobierno tampoco está dispuesto a renunciar a la discriminación positiva de la ley antimaltrato. A lo largo de esta semana, los miembros conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --nombrados a propuesta del PP-- insistieron en la necesidad de que la ley debería amparar a todas las víctimas independientemente de su sexo y no sólo a las mujeres.

Ayer, de nuevo, tanto Fernández de la Vega como Jesús Caldera dejaron claro que España tiene un problema de malos tratos contra la mujer (en lo que va de año han muerto 30).