El Consejo de Ministros aprobó ayer, en cumplimiento de la directiva europea, el real decreto ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que se completará en la reunión del viernes próximo con el Plan Nacional de Asignaciones (PNA) para el periodo 2005-2007.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, justificó ayer la aprobación como real decreto ley, que luego habrá de convalidar el Congreso, por el "retraso" acumulado en el cumplimiento del calendario de aplicación previsto en la legislación europea.
Añadió que se está "recuperando" el tiempo perdido, "preservando al máximo los intereses económicos de nuestro país, la actividad de las empresas y, por encima de todo, la comodidad de los ciudadanos".
Los plazos exigen que las instalaciones cuenten con autorización de emisión antes del 1 de enero del 2005 y estar operativo el Registro Nacional de Derechos el 1 de octubre del 2004.
Las industrias españolas, que podrán participar en un "novedoso mercado internacional de emisiones", deberán solicitar las autorizaciones y la asignación individualizada de derechos hasta el 30 de septiembre del 2004.
La nueva normativa tiene como objetivos la reducción de los gases que afectan al cambio climático y cumplir los compromisos del Protocolo de Kioto, además de trasponer la legislación comunitaria.
El primer PNA, que tendrá rango de real decreto, sentará las bases para la atribución individual de derechos a todas las instalaciones antes de la puesta en marcha del mercado citado, el 1 de enero del 2005.
El régimen de comercio de derechos se aplicará, inicialmente, a las emisiones de actividades enmarcadas en la directiva: generación de electricidad, refino, producción y transformación de metales férreos, cemento, cal, vidrio, cerámica, pasta de papel, papel y cartón.
OBJETIVO 2005-2007 El Gobierno ha establecido como objetivo para el periodo 2005-2007 que las emisiones españolas se estabilicen en la media del periodo 2000-2003, con una reserva adicional del 3,5 por ciento sólo para nuevas instalaciones. El mayor esfuerzo para cumplir tanto con Kioto como con la Directiva, tendrá que hacerse en el periodo 2008-2012. Al final del plazo, las emisiones no deberán sobrepasar un 24% las de 1990.
