El accidente de las obras del metro en el barrio barcelonés del Carmel llevará a los tribunales a todas las empresas implicadas en los trabajos del túnel de maniobras. Así lo reveló ayer el conseller catalán de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, quien anunció su voluntad de iniciar "acciones legales y judiciales" para extraer las responsabilidades del hundimiento que obligó a decretar el derribo de cuatro edificios y a desalojar de sus pisos a 1.057 personas, de las que 33 familias se quedaron sin propiedad.

Nadal estima que el grado de responsabilidad del siniestro es múltiple, y afecta a todas las empresas implicadas en el proyecto de ejecución: Tec cuatro y Geocontrol, como directoras de la obra, y la UTE formada por Fomento Construcciones y Contratas (FCC), Copisa y Comsa, como constructoras adjudicatarias. El repaso de responsabilidades también podría incluir a Intraesa-Typsa, empresa que también participó en el proyecto de construcción. Nadal también confirmó que la Administración reclamará "compensaciones económicas a las aseguradoras correspondientes".

En el ámbito de las imputaciones, el conseller mantuvo ayer, sin embargo, que GISA, como empresa delegada por la Generalitat para seguir la obra, desconocía las "incidencias previas al hundimiento", que sí han dejado constar todas las empresas implicadas. La batalla legal por las responsabilidades se ha iniciado ya, y todas las partes han puesto a sus abogados a trabajar. Nadal recalcó que GISA no había tenido "ninguna comunicación" en relación a los movimientos de tierras en el Carmel.

GUERRA DE ACUSACIONES La explicación de Nadal no fue aceptada por las constructoras y la dirección de obra. Fuentes próximas a las dos partes coincidieron en que GISA "tuvo constancia de que surgieron problemas". Un exconseller también reconoció a este diario que Obras Públicas decidió que los controles de calidad de las obras "se hicieran externamente", pero que "siempre tiene la información precisa de las obras". "Todo el mundo sabe cómo GISA aprieta en el aspecto presupuestario y en el control riguroso del proyecto", añadió.

Nadal consideró que en la búsqueda de responsabilidades "se ha entrado en una guerra en relación al libro de obras" y al seguimiento diario de las obras. "Ninguna incidencia desde noviembre del 2002 hasta el hundimiento es relevante, en relación al mismo, sino en relación a la gestión de la obra pública que se hace y si se tienen que hacer correcciones", agregó. El conseller se plantea la rescisión del contrato con las constructoras, tras haber denunciado una "mala práctica de concentración" de las adjudicaciones.