El Gobierno se ha mostrado al fin sensible al alud de peticiones recibidas y estudia una solución que permita admitir otros documentos alternativos al padrón para acreditar el tiempo de estancia en España que se exige a los sin papeles para acogerse a la regularización. La decisión se tomará "de modo inmediato, la próxima semana para que haya tiempo de aplicarla", según anunció ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.
El objetivo sería evitar que se quedaran fuera los inmigrantes que cumplen el resto de requisitos de la regularización --contrato de trabajo y antecedentes penales-- y llegaron a España antes de la fecha límite establecida, el 8 de agosto del 2004, pero no lo pueden acreditar porque no se empadronaron. Los colegios de abogados, muchas ONG y el Defensor del Pueblo calculan que son "muchos miles" los afectados, aunque Caldera afirma que "no son tantos como se dice".
Fuentes de Trabajo insistieron en que estudiar no es sinónimo de que la decisión esté ya tomada. El ministro advirtió que "la solución, si la hay, no es fácil". También puso como condición que lo acepten los agentes sociales, empresarios y sindicatos, que pactaron la regularización.
El principal obstáculo es jurídico. El reglamento de extranjería que establece las condiciones del proceso extraordinario no habla del tiempo de estancia en España, sino que se refiere específicamente al padrón. "Que el trabajador figure empadronado en un municipio español con al menos seis meses de anterioridad a la entrada en vigor del reglamento", establece literalmente el texto.
En buena ley, para admitir otros documentos, debería modificarse el reglamento y una reforma así requiere unos dos meses de trámites, mientras que el proceso finaliza el próximo 7 de mayo. El ministro ya hizo al inicio del proceso un anuncio similar al de ayer, pero se descartó aceptar otros documentos por razones jurídicas.
