El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, dijo ayer que el llamamiento del Vaticano a los funcionarios católicos a boicotear las bodas gays "no debe convertirse en un obstáculo para la mayoría de los ciudadanos", y se mostró convencido de que los empleados públicos "van a garantizar ese derecho".

El ministro expresó "un profundo respeto a la opinión de la Iglesia", pero recalcó que "las normas que aprueba el Parlamento también deben ser respetadas". Las bodas homosexuales son un derecho individual y, en consecuencia, "se van a garantizar", dijo el ministro.

El coordinador general de IU, Gaspar LLamazares, pidió que "no se marque la cruz a la Iglesia católica" en la declaración de la renta. En frente, el secretario ejecutivo de Libertades Públicas del PP, Ignacio Astarloa, criticó que el Gobierno haya "amenazado" a los funcionarios públicos católicos que decidan no celebrar matrimonios entre homosexuales por tener "problemas de conciencia". No obstante, el PSOE quiere oírselo decir al propio Mariano Rajoy. Y en esta línea se manifestaron ayer tras las explicaciones de los populares.