Una muerte tras otra. Así es la situación en el campo a bordo de un tractor. El peligro es, si cabe, mayor que en la construcción. A nivel estatal, los datos son desesperanzadores. El sector agrario registró el año pasado más de seis muertes al mes. Los 75 fallecimientos anuales suponen un aumento del 15,38% frente a los contabilizados durante el 2003. "Es el único sector laboral donde los accidentes mortales aumentan", explica el responsable de salud laboral de la Federación Agroalimentaria de CCOO, Jesús Villar.

La inmensa mayoría de las 75 víctimas del 2004 perdieron la vida tras volcar su tractor mientras estaban trabajando. Y esa cifra, destaca Villar, es sólo la punta del iceberg. "Nadie cuenta, por ejemplo, la cantidad de jubilados y mujeres de campesinos que mueren en esas mismas circunstancias", comenta.

El Instituto Navarro de Salud Laboral --pionero en la construcción de cabinas más seguras para los tractores-- calcula que las muertes al año superan las 140 en toda España. ¿Qué está pasando en los campos españoles? CCOO lo tiene claro. España tiene un parque de tractores que ronda los 900.000. De ellos, el 28% no están homologados y carecen de las condiciones mínimas de seguridad.

En 1979, España aprobó una directiva europea para que los nuevos tractores que salieran de fábrica --la mayoría se construyen en el extranjero-- estuvieran homologados. La normativa concedió un periodo de transición para que toda la maquinaria agrícola se fuera modernizando. El periodo de gracia concluyó en enero de este año. A la vista está que no se cumple.

Los tractores homologados llevan cabinas muy rígidas. En estos casos, si el tractor --debido a los movimientos bruscos y la irregularidad del suelo-- vuelca, el agricultor queda perfectamente protegido. Sin embargo, los tractores ilegales o no llevan cabina o la que tienen es frágil.

MÁS PROTECCIÓN El Instituto Navarro de Salud Laboral presentó hace cuatro años un innovador sistema para acoplar unas estructuras de protección a los tractores. Este sistema, disponible por unos 1.200 euros, salvaría el 80% o el 90% de las vidas, según el técnico Carmelo Pérez de Larraya. "No se entiende que las administraciones no sean más estrictas en el control de los tractores. Ni siquiera es un problema económico porque las estructuras de protección para estos vehículos son muchísimo más baratas que comprar un tractor nuevo", se queja Pérez de Larraya.