En contraposición al exiguo respaldo que recibió la ley de calidad (LOCE), que fue aprobada en diciembre del 2002 con el voto favorable de su artífice, el PP, y Coalición Canaria (CC), la norma que viene a sustituirle, la ley orgánica de educación (LOE), obtuvo ayer el apoyo de cinco de las seis mayores formaciones políticas del Congreso de los Diputados. La última versión de la norma recibió el espaldarazo del PSOE, CiU, ERC, PNV e ICV, a los que se unieron CC y Eusko Alkartasuna (EA), una mayoría de 184 diputados entre 325. Frente a ellos, los 134 parlamentarios del PP rechazaron la ley.

El trámite, que deja la norma lista para enviar al Senado, donde, previsiblemente, recibirá algún ligero retoque antes de que, en tres meses, se publique en el BOE, se saldó con siete abstenciones: tres de IU, que considera que en su afán por consensuar la ley con los grupos más conservadores al PSOE se le ha ido la mano podando artículos; y los del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Chunta Aragonesista (CHA) y Nafarroa Bai (NB), cuyas enmiendas no han tenido la acogida que esperaban. Paradójicamente, ICV, la formación hermana de IU, con la que comparte grupo, no tiene la misma percepción que el partido que lidera Gaspar Llamazares y dio su espaldarazo a la LOE.

PROS Y CONTRAS Durante la sesión, los partidos que han apuntalado la ley se deshicieron en parabienes al compararla con la LOCE, aunque tampoco evitaron señalar aquello que no les gusta y que, en el recorrido parlamentario que le resta o en su despliegue, aspiran a cambiar.

Carme Garcia, de ICV, valoró en su intervención el compromiso financiero que figura en la propia ley y que "en 10 años permitirá la equiparación (de la inversión pública en educación) con Europa". Precisamente ayer, la memoria que acompaña a la LOE creció de los 6.031 millones de euros iniciales a 7.033, de acuerdo con la actualización que se ha hecho en base a las enmiendas a los presupuestos generales del año 2006.

Aitor Esteban, del PNV, criticó el "paso atrás" que supuso la reformulación del artículo que fija que a los contenidos básicos habrá de dedicar el 55% del horario escolar en las autonomías con lengua cooficial. Su partido prefería el enunciado previo, que posibilitaba una lectura más a la carta. Por contra, celebró que se hubiera incorporado al articulado su propuesta para mejorar la situación laboral del profesorado de Religión, "un colectivo hasta ahora maltratado". Así pues, defendió su voto señalando que se trataba de "un avance sustancial" respecto a la LOCE.

La diputada del PP y exministra de Sanidad, Ana Pastor, tras despotricar sobre la ley, que rebautizó como "LOGSE-2", llegó, al final de su intervención, a mostrarse conciliadora e incluso hizo pensar en que el PP iba finalmente a abstenerse. Pastor vaticinó que la LOE va a tener un efecto nefasto sobre el nivel de conocimientos de los alumnos, desmembrará el sistema educativo y empeorará la situación del profesorado. Después de un primer relato apocalíptico, reprochó al Gobierno el "diálogo virtual" que ha mantenido con el PP. Y, a continuación, pidió a la ministra, María Jesús San Segundo, "tres meses de diálogo", el periodo que se espera que tardará en ser promulgada la ley.