Las autoridades senegalesas empiezan a tomar medidas para reprimir la emigración clandestina hacia las islas Canarias. Aunque cuentan con medios muy limitados y los resultados hasta el momento son más bien modestos, sí se percibe un cambio de actitud del Gobierno de Dakar ante un fenómeno que el ministro de Asuntos Exteriores, Abdou Malal Diop, no dudó en calificar de "plaga" el pasado jueves, cuando anunció una mayor firmeza policial y judicial contra los cayucos.

El alcalde adjunto de Saint Louis, Mohamed Lamine Syllah, declaró que en las últimas semanas al menos 40 personas han sido detenidas solo en esta ciudad costera fronteriza con Mauritania, tras la llegada de "una orden presidencial directa" para el despliegue de vigilancia en las playas a cargo de la policía marítima, la Gendarmería Nacional y agentes de paisano de la policía judicial. Cinco de los detenidos eran responsables de organizar expediciones y el resto pretendían emprender el viaje. Fuentes no oficiales cifran en 20 los organizadores arrestados en los últimos tres meses.

PENAS DE CÁRCEL Aunque la ley prevé condenas de 5 a 10 años de prisión por el delito de emigración clandestina y multas de entre 1.500 y 7.600 euros, las penas impuestas hasta el momento han sido inferiores, de entre 6 y 8 meses, por poner en peligro la seguridad de las personas. Dos detenidos el pasado martes y juzgados el jueves fueron condenados a dos años con el cumplimiento en suspenso. Los pasajeros de los cayucos son retenidos unas semanas con intención disuasoria, según explican fuentes no oficiales.

Asimismo, el miércoles fue interceptada una embarcación entre Rufisque y M´Bour (unos 80 kilómetros al sur de Dakar) con unas 20 personas a bordo. La semana pasada las fuerzas de seguridad frustraron otra salida en la bahía de Ham, también al sur de la capital, y hubo 21 detenciones, entre ellas las de tres organizadores. Sin embargo, en la costa norte no hay por el momento vigilancia en el mar. "Lamentablemente, hoy por hoy no disponemos de medios para ello", dijo el alcalde adjunto de Saint Louis. Esta situación debería cambiar en breve, cuando la Marina senegalesa empiece a patrullar la costa, según fuentes de este cuerpo, que informaron también de que se controlará toda venta de carburante que supere los 200 litros. "Hay una voluntad firme de frenar esta forma ilegal, y sobre todo muy arriesgada, de emigrar hacia Europa", dijo a la agencia Efe un alto oficial que prefirió no ser identificado y que negó que los servicios de seguridad sean "sospechosos de complacencia" con este fenómeno.