El grupo popular anunció ayer su respaldo al proyecto de ley de dependencia tras pactar con el grupo socialista alrededor de cuarenta enmiendas, con lo que la norma llegará el jueves al pleno del Congreso con la sola oposición de CiU y el PNV.
Tras numerosas reuniones mantenidas entre las dos formaciones mayoritarias, el acuerdo se escenificó en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de la Cámara Baja, donde todos los grupos, salvo los nacionalistas vascos y catalanes, apoyaron el dictamen de la ley con decenas de enmiendas transaccionales.
Entre las novedades, destaca la inclusión de los menores de tres años como titulares de derechos, la fijación de unos criterios para la financiación de las comunidades (en función del número de personas dependientes o de la dispersión geográfica, por ejemplo) y varias reformas terminológicas para dejar clara la atención a los discapacitados intelectuales y enfermos mentales.
La portavoz popular, María Salom, afirmó que "el Gobierno no se merecía este acuerdo, pero las personas dependientes y sus familias sí". Y añadió que PP trabajará para "mejorar" la ley.
Antes de llegar al Congreso, el proyecto de ley contaba ya con el apoyo de ERC e IU-ICV, que ayer volvieron a elogiar el texto y las enmiendas introducidas para, por ejemplo, proteger a los discapacitados intelectuales, reconocer el papel del tercer sector, dar prioridad a la red de servicios pública frente a la privada o crear la figura del asistente.
A pesar de que los portavoces de ambos grupos, Joan Tardá y Carme García, se mostraron convencidos de que el proyecto de ley respeta las competencias autonómicas en asuntos sociales, su apoyo al texto fue duramente criticado por los representantes de CiU y del PNV, quienes advirtieron de que la norma acabará el año que viene en el Tribunal Constitucional.
