Diez días. Es el plazo que ha dado un juez de Florida a la firma estadounidense Odyssey para que devuelva a España el tesoro que descubrió hace algo más de dos años en el pecio del Nuestra Señora de las Mercedes, un buque español hundido a principios del siglo XIX por los ingleses frente a la costa portuguesa del Algarve. A pesar del fallo judicial no parece que las 500.000 monedas de plata y oro vayan a llegar pronto a España ya que la empresa cazatesoros de Tampa anunció ayer que apelará la decisión del magistrado y comunicó su intención de mantener la nave hundida, de 17 toneladas, bajo su custodia hasta que se resuelve del todo el caso.

La pugna judicial entre el Gobierno español y Odyssey comenzó en mayo del 2007, cuando la compañía anunció sin dar detalles que había localizado los restos de un naufragio en aguas del Atlántico. Las sospechas en Madrid no se hicieron esperar y tras ordenar una primera investigación quedó demostrado que era la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, y que por tanto España tenía derecho a reclamar la carga. "La verdad irrefutable de este caso es que la Mercedes es un buque español, por lo que los restos del naufragio, su cargamento y cualquier resto humano son patrimonio natural y legal de España", escribió el juez de distrito Steven Merryday en su fallo, hecho público el martes, en el que se inhibe del caso a favor del Supremo pero al mismo tiempo ordena a Odyssey la devolución del tesoro a España en 10 días, apoyando así la decisión de otro juez de primera instancia en junio pasado.

La respuesta de Odyssey no se hizo esperar. A través de su consejero delegado y cofundador de la compañía, Greg Stemm, anunció ayer mismo que apelará el fallo del magistrado ante un tribunal con sede en Atlanta. Asimismo, reiteró su intención de que el tesoro siga de momento bajo su custodia hasta que concluya el proceso judicial. El caso entra ahora en una fase en la que Odyssey "confía" en que sus argumentos sean escuchados.

Sin embargo, el juez insiste en su fallo que el tesoro, valorado en 350 millones de euros, es de soberanía española.