La fiscalía está investigando un total de 849 casos de niños robados en España en décadas pasadas. Del total de denuncias presentadas, 162 ya han sido judicializadas al apreciarse indicios delictivos –12 casos están “muy avanzados”–, mientras que 38 han sido archivadas.

El ministerio fiscal también ha advertido de la existencia de “tramas” dedicadas a orquestar la compraventa de bebés en algunas zonas geográficas, aunque, según explicó ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, los hechos “no se pueden atribuir a una única organización”. Las investigaciones han evidenciado que los casos de niños robados se dieron durante “un espacio de tiempo muy prolongado”, que abarca desde 1950 hasta 1990.

Las fiscalías provinciales que investigan los hechos han unificado criterios y todas los calificarán como delitos de detención ilegal, con el agravante de afectar a menores. Conde-Pumpido informó también de que el Ministerio de Justicia ha aprobado dos protocolos, uno referido a la atención de las víctimas y otro a las pruebas de ADN. Estos protocolos afectan en principio al territorio de competencia del ministerio, pero la intención es traspasar los criterios a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia. No obstante, precisó que el ministerio fiscal, al ser un organismo de carácter estatal, tiene competencia para ordenar análisis de ADN tanto al Instituto Nacional de Toxicología como a los institutos autonómicos que cumplen esa función.

Justamente, el miércoles pasado se presentó el banco de ADN creado por Justicia en el que se practicarán estos análisis de manera gratuita cuando lo determine un juez, si bien no incorporará los resultados del cerca de medio millar de personas que se han realizado las pruebas en laboratorios privados, pagándolos de su bolsillo. Varios de los afectados han mostrado su descontento con esta decisión, que les obligará a volver a hacerse los análisis.

DUALIDAD DE BANCOS DE ADN // Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso, destacó que el banco de ADN puesto en marcha por su organización cuando empezaron a denunciar los casos de niños robados sigue siendo el “oficial” o más representativo, ya que el Instituto Nacional de Toxicología solamente realizará las pruebas cuando lo ordene un juez.

“Nuestra asociación tiene 1.800 miembros, pero solamente hemos presentado unas 800 denuncias”, explicó, ya que en muchos casos “no quieren denunciar”. H